El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca condenó a diez meses de prisión a cada uno de los ocho ganaderos identificados en la protesta del pasado 5 de junio de 2023 ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina que derivó en altercados por los que resultaron heridos varios agentes de policía y se causaron daños en el edificio de titularidad pública de la calle Príncipe Vergara.

De hecho, la sala aprecia un total de tres delitos en los que los ganaderos aceptaron de conformidad haber incurrido, incluyendo en el desórdenes públicos, por el que fueron condenados a tres meses de cárcel, al de atentado, por el que deberán cumplir otros tres, y el de daños en bienes públicos que, en este caso, conlleva la pena de cuatro meses y el pago de 900 euros de multa para los ocho participantes condenados tras la manifestación. Además, por los diez delitos leves de lesiones, cometidos contra policías, tiene multa de 12 días, con una cuota diaria de cinco euros (60 euros) y deberán asumir las costas incluidos 500 euros del letrado de los agentes.

En el capítulo de indemnizaciones, los condenados deberán asumir cantidades combinadas superiores a los 18.600 euros, que junto a las multas hacen que el desembolso se sitúe en más de 19.500 euros. La mayoría, 13.250,56, son para la Junta de Castilla y León por el arreglo de los desperfectos y limpieza del edificio de la Delegación Territorial de Salamanca. El resto, en compensación por las lesiones ocasionadas a diez policías, en distintas cantidades, desde los 86 a los 2.250 euros. 

Altercados y agresiones

Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Ical este miércoles, la concentración estaba comunicada, en tiempo y forma, por la plataforma Unión por la Ganadería, con las 12.00 como hora de inicio y las 15.00 como hora de cierre. Desde un primer momento, asistieron alrededor de 500 personas, todos ellos ganaderos salamantinos y de otras provincias de la Comunidad. Muchos de ellos, señala el texto, se presentaron provistos de palos y 'cayados', además de petardos de gran potencia, que hicieron detonar, y bengalas.

En un primer momento, golpearon con los palos el suelo y las paredes del edificio de la Junta y, a continuación, procedieron al lanzamiento de pintura y huevos contra sus ventanales. Alguno de ello, impactó sobre los agentes de Policía y generaron los primeros momentos de tensión. El edificio estaba custodiado y protegido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la unidad UPR de Salamanca, apoyada por un subgrupo de las UIP con base en Valladolid en previsión de posibles incidentes. 

El clima de tensión creció sobre las 13.08 horas, momento en que a un grupo reducido de representantes de los ganaderos se les permitió el acceso al interior de la Delegación Territorial para ejercer funciones de mediación con representantes de la Junta de Castilla y León. Tras ellos, múltiples manifestantes, entre los que se encontraban los condenados, trataron de acceder, de forma violenta al interior del edificio. 

De hecho, los manifestantes situados en las primeras filas de la protesta fueron empujados por el resto, al tiempo que alentaban a los concentrados, haciendo gestos con los brazos en dirección a las puertas de entrada al edificio y gritando la consigna de "dimisión". Durante el asalto con violencia del edificio, los manifestantes, emplearon los 'cayados' y palos para causar daños en las puertas y ventanales de cristal de acceso. 

Además, en ese tumulto acometieron a los policías y vigilantes de seguridad privada que trataban de impedirles el paso "con gran violencia y, para ello, movieron las vallas colocadas por los agentes para canalizar a los asistentes, rompiendo las bridas que las unían. Diez agentes de Policía resultaron heridos durante esos momentos "de gran tensión y enfrentamiento" que derivaron en la detención de uno de los manifestantes, que se encuentra entre los condenados junto al resto de identificados. Finalmente, sobre las 16.50 horas quedó desalojada la explanada que antecede al edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca y se dio por finalizada la intervención policial y la propia concentración. 

La sentencia recoge que los ocho condenados estuvieron presentes en estos hechos e "intervinieron de manera activa y determinante en el intento de entrada violenta al edificio, en las agresiones a agentes de Policía Nacional y vigilantes de seguridad privada que lo custodiaban y en los desperfectos en puertas y fachada". La sala habla, asimismo, de "perturbación relevante de la paz pública", todo lo cual originó una "muy grave alteración del orden público en el edificio", con "alteración del normal desenvolvimiento del publico concurrente y de los empleados que prestaban sus servicios". 

Los desperfectos

El edificio de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca sufrió desperfectos como la rotura de las cristaleras de la puerta giratoria de entrada, así como en los perfiles de aluminio de las puertas, en la fachada principal y la fachada lateral, los cortavientos de entrada, la plaza de entrada y las vallas de contención, así como el deslucimiento de la fachada por el lanzamiento de huevos, pintura, mecheros y bengalas.

Los daños suman un importe de 9.079,84 euros, según presupuesto aportado de sustitución de vidrios en la puerta giratoria, más otros 754,77 euros de la limpieza posterior del edificio y 3.415,95 euros por desperfectos causados en las ventanas de los despachos del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

Igualmente, se produjeron diversos desperfectos en material policial, manchas de pintura en los uniformes de varios agentes y el deterioro en medios de protección, armas y elementos propios asignados a los policías por un importe total de 246,02 euro.

Conflicto en el sector

La concentración partía del conflicto existente entre el sector ganadero y las diferentes administraciones públicas, debido a los protocolos de vacunación establecidos en la provincia de Salamanca contra la enfermedad de la lengua azul y las patologías de salud animal relacionadas con la tuberculosis bovina y su transmisión.

Esto supuso la aplicación de un exhaustivo calendario de vacunación y la imposibilidad de la salida del ganado de la provincia, con lo que se limitaba su venta y la eliminación de los animales infectados, con el trastorno que conllevaba para los ganaderos, el estrés para el ganado y las pérdidas económicas que les generaba. La sentencia matiza que la normativa que regía la materia procedía de la Unión Europea, siendo adaptada por el Gobierno Central para su aplicación en España y su ejecución correspondía a las comunidades autónomas, de ahí la concentración ante Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca. 

Previamente, el día 3 de mayo de 2023, tuvo lugar una manifestación en vehículos comunicada a la Subdelegación del Gobierno en nombre de la plataforma Ganaderos Unidos, tras la que ya se registraron incidentes como el lanzamiento de huevos, la detonación de petardos de considerable potencia, el retraso intencionado en el inicio de la manifestación y la obstaculización del tráfico rodado. 

La falta de soluciones exigidas por los ganaderos originó un aumento de la tensión y la Junta de Castilla y León, el día 10 de mayo del 2023, aprobó una resolución que flexibilizaba las exigencias de la Unión Europea y su desarrollo normativo en España. Dicha resolución no fue aplicada por parte de los funcionarios de sanidad por entenderla contraria a la normativa estatal y europea y, de hecho,, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitió una orden ministerial 29 de mayo en la que ordenaba la no aplicación de la misma. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó entonces la paralización cautelar de su aplicación. Esto supuso un incremento considerable del malestar en el ámbito ganadero y las organizaciones profesionales exigieron las dimisiones de los funcionarios que se habían negado a aplicar la resolución y, por ello, comunicaron la concentración del día 5 de junio de 2023 ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.