Nueva carta con la Junta de Castilla y León como remitente y el Gobierno de España como destinatario. En esta ocasión, la temática de la misiva es transmitir al Ejecutivo central la unidad de acción autonómica entre la Junta y las organizaciones profesionales agrarias para exigir a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la derogación «de forma inmediata» de la orden de protección del lobo y la vuelta al 'statu quo' anterior a septiembre de 2021, cuando el cánido era gestionable por la Comunidad al norte del Duero. «Esta medida no tiene excusa. Queremos tender la mano para volver de forma consensuada, aunque hasta ahora no nos tomaron en consideración. En democracia siempre fueron medidas de consenso y se rompió históricamente en 2021 con este Gobierno. Castilla y León ofrece su mano y el resto de comunidades también la tenderá para que nos sentemos a planificar cómo volver al sistema anterior. Esto depende solo de la voluntad política del Gobierno, en la forma que crea oportuna», señaló el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la reunión mantenida ayer con los responsables de las opas.

El encuentro sirvió para consensuar el documento que enviarán a la ministra, y en la que también expondrán un segundo punto, ya que instarán al Gobierno a «colaborar y trabajar» para que «se haga efectiva la decisión de la UE» conocida en diciembre de 2023 de reducir de «estrictamente protegido» a «protegido» en todo el territorio europeo. Suárez-Quiñones advirtió al Ejecutivo central que la UE ha puesto en marcha un «cronómetro que le quema al Gobierno, porque camina en sentido contrario a la decisión europea».

«No se trata de buscar vencedores y vencidos. Ofrecemos de forma generosa y humilde nuestra oferta para sentarnos y trabajar. Esto es un debate de gestión del lobo, no de caza. Hay libertad de las autonomías para que la gestión sea de la forma que estimen oportuna». De hecho, recordó que cuando Teresa Ribera tomó la decisión de incluir al lobo en el Lespre «sin ningún rigor científico ni estudio ni censo», adujo que su «decisión era con la conformidad de la CE», pero sin embargo, ha sido el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, quien «dio la rueda de prensa con la opinión contraria en diciembre», según informa Ical. «Ese supuesto amparo que tenía el Gobierno se ha convertido en lo contrario».

El consejero respondió que en el caso de que el Gobierno español «no quiera reducir la protección, Europa no puede obligarle». «Lo que pasa es que España quedaría aislada. Incurriría en una auténtica irresponsabilidad política a nivel europeo y de los territorios», anotó Suárez-Quiñones, quien admitió que las recientes declaraciones en este sentido del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «no son muy esperanzadoras», dado que habló de «esperar a conocer el censo», algo que ocurrirá a finales de este 2024.

En la misma línea se posicionó el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, quien aseguró que al Gobierno «se le ha caído el argumento, porque Europa cambia de opinión, los censos demuestran que hay superpoblación en algunas zonas, y las autonomías piden que el lobo sea especie cinegética» Por su parte, el secretario general de UPA, Aurelio González, apoyó a la Consejería en su «intención de conseguir esa derogación», si bien fue más allá: «Tenemos que ir a más porque la gestión cinegética anterior era insuficiente». Por último, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, consideró que el «problema es cuando la ideología llega al BOE».