Segovia se juega el próximo 23 de julio mucho más que el devenir del serial de inversiones directas en infraestructuras y servicios del Estado que están pendientes de materializarse para la provincia, pero no son pocas las que espera esta tierra, en cualquier caso. Algunas especialmente importantes por urgentes, otras por históricas, y prácticamente ninguna con claras garantías de solución a corto plazo, independientemente del color político que se le ponga al Gobierno cuando arranque la siguiente legislatura.

Urgen soluciones, o al menos paliativos, en el ámbito de la Justicia segoviana, que a sus propios problemas ha sumado las convocatorias nacionales de huelgas, de gran impacto para todo el país. Del 24 de enero al 28 de marzo fue por el conflicto laboral de los letrados de la Administración de Justicia (antes denominados secretarios judiciales), que provocó la suspensión de más de 400 juicios en la provincia y el atasco de cientos de actuaciones en el Registro Civil, demandas sin admitir, pagos de pensiones alimenticias por divorcios… y desde el 27 de abril, quienes están de huelga son los trabajadores de la Justicia que ocupan puestos de gestores, tramitadores, auxiliares, personal de Registro Civil y del Instituto de Medicina Legal. Reclaman tanto mejoras retributivas como cambios en la futura Ley de Eficiencia Organizativa que está tramitando el Gobierno, donde se prevé la posibilidad de encomendar tareas de tribunales con mucha carga de trabajo a personal de otros destinos o fusionar las tareas de distintos juzgados. Los convocantes, mientras, denuncian que estos trabajadores ya asumen funciones por encima de las legalmente establecidas en la actualidad.

Van más de un millar de juicios suspendidos, hay despachos de abogados en Segovia que barajan cierres temporales o ertes, y aunque el Ministerio de Justicia alcanzara mañana (o pasado, o al día siguiente) un acuerdo para poner fin a la huelga, difícilmente se podrán dar por cicatrizadas las heridas hasta bien avanzado el próximo año, cuando aún hoy, y desde hace meses, sangran los aplazamientos para 2024.

La ministra Pilar Alegría anunció, durante una visita en marzo, que el Centro de Innovación, Tecnificación y Alto Rendimiento de FP abrirá en el edificio del CIDE en 2024. - Foto: Rosa Blanco

El nuevo edificio judicial, mientras tanto, se inauguraba oficialmente hace más de dos meses, pero sigue sin actividad. La firma de la certificación del fin de la construcción del inmueble, después de más de siete años en obras y una inversión de 16,5 millones, tuvo lugar el 22 de febrero; y la ministra Pilar Llop ya lo inauguró el 3 de abril (un día antes de que se prohibiera este tipo de actos con la publicación del decreto de convocatoria de elecciones municipales), pero la mudanza no es precisamente sencilla, y no sólo por el ya de por sí complejo traslado de los recursos materiales y humanos de todos los servicios judiciales menos la Audiencia (léase los seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Fiscalía, Menores, Instituto de Medicina Legal, Registro Civil, archivos y demás). De hecho, Llop anunció que estaría en marcha antes de acabar el verano, en torno a septiembre, y ahora está por verse que llegue este año, después de que el presidente de la Audiencia, Ignacio Pando, ya desvelara la semana pasada una nueva fecha, el 15 de diciembre.La clave está en que, con la nueva sede, se estrenará una nueva estructura de trabajo por la implantación del modelo de oficina judicial única, de modo que funcionarios que trabajan en distintos órganos llamados a desaparecer por ello se integrarán en un mismo equipo y requerirán formación para adaptarse.

Pendiente de desbloqueo continúa el proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes. La semana pasada se cumplían seis meses desde que se paralizó la obra a mediados de diciembre, según dijo entonces la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, porque la constructora, durante la excavación, se topó con roca a menor cota de la esperada, a pesar de los estudios geológicos previos que se realizaron y los casi 20 años que han transcurrido desde que se empezaron a remover tierras en esa parcela. No en vano, ya en 2005 hubo que replantear el proyecto que entonces se estaba abordando allí (distinto del actual) por «problemas estructurales» que llevaron a suprimir la construcción de un sótano.

Con fecha 16 de enero, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) avalaba las explicaciones de Lirio Martín al afirmar, en la respuesta escrita a una pregunta registrada en el Congreso por el diputado del PP Jesús Postigo, que los trabajos se habían suspendido ante «la necesidad de buscar una solución para reducir la afectación de las obras sobre la muralla existente y sobre los inmuebles que se adosan a la misma». El objetivo, «evitar comprometer su estabilidad como consecuencia de la transmisión de vibraciones que se producen al picar la roca sobre la que se asienta la muralla para ejecutar la excavación en vaciado del terreno, al encontrarse dicha roca a una cota superior a la prevista».

MEJORAS EN AVE. Entre los compromisos pendientes está ampliar el parking de Guiomar, crear carriles segregados que resten tráfico a la rotonda de la Choricera y más ‘plazas sinergiadas’ en AVE, Alvia o Intercity para usuarios Avant. - Foto: Rosa Blanco

«En estos momentos, la dirección facultativa de la obra está elaborando la propuesta técnica motivada donde se justifican, describen y valoran las actuaciones necesarias», continuaba el mismo escrito, con sello del 14 de febrero. «Las obras se reanudarán cuando el proyecto modificado sea aprobado o se autorice la continuidad provisional de las obras durante la tramitación de dicho modificado, no siendo posible en estos momentos determinar cuándo tendrá lugar», añadía, en un final de párrafo replicado en otra respuesta, de fecha 6 de marzo, a una pregunta cursada por la popular Paloma Sanz en el Senado. Semanas después, el 24 de marzo, la subdelegada del Gobierno aportaba la última novedad conocida hasta hoy al señalar que el proyecto modificado ya estaba en poder del Mitma.

Así las cosas, contando con que el proyecto inicial tenía un plazo de ejecución de 42 meses y que apenas llevaba siete en marcha cuando se suspendieron, todo apunta que, en el mejor de los casos, la rehabilitación se prolongará como poco hasta la segunda mitad de 2026, pero primero tendrán que arrancar de nuevo en una fecha y unas circunstancias todavía indefinidas, y con un sobrecoste que no será menor.

CENTRO DE FP. Con plazos menos difusos, en teoría, se encuentra el Centro de Tecnificación, Innovación y Alto Rendimiento de Formación Profesional que el Gobierno prevé ubicar en el edificio CIDE o del CAT. Hubo que esperar 16 meses desde que Pedro Sánchez anunció el proyecto (el 27 de noviembre de 2021 en un congreso del PSOE regional) hasta que la ministra de Educación, Pilar Alegría, empezó a concretarlo al menos de palabra (el pasado 29 de marzo en una visita a Segovia). Precisó que cuentan con una inversión inicial de 2,6 millones ya consignada en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, compromiso de aportar 2,5 por ejercicio a partir de 2024 (el año en que se planea que arranque) y previsión de trabajar con una plantilla de diez personas a las que, eso sí, se sumarán el millar de docentes que pasen cada año por allí. Claro que está por verse cómo se materializa tal compromiso después de un cambio de color ya consumado en el Gobierno del Ayuntamiento de Segovia, tras las elecciones municipales del 28 de mayo, y a la espera de lo que pase el 23J.

La rehabilitación del Teatro Cervantes está parada desde diciembre por problemas técnicos y a la espera de una modificación del contrato. Faltan al menos tres años de obras. - Foto: Rosa Blanco

Del Gobierno que agota ahora su legislatura son también diversos compromisos de mejora de infraestructuras en la estación Guiomar contraídos el pasado mes de enero, en el marco de una reunión entre la alcaldesa, Clara Martín, y representantes del Mitma y ADIF. El primer fruto de aquel encuentro llegó el 27 de abril con la puesta en servicio de un segundo escáner para dar más fluidez al paso por el control de acceso en horas punta, pero quedan otros de más calado sin plazos marcados ni avances que hayan trascendido desde entonces. De ahí surgió por ejemplo el compromiso de construir carriles segregados que quiten tráfico a la rotonda de la Choricera: uno de salida del vial del AVE para quienes partan de la estación hacia Segovia; y otro enfrente. También la ampliación del parking de Guiomar, que pasaría de casi 600 a 900 plazas, así como una reordenación del entorno de la estación para mejorar sobre todo la zona de carga y descarga de viajeros en coche particular. Y sigue también pendiente que se puedan utilizar plazas en más trenes AVE, Alvia e Intercity con abonos de Avant («plazas sinergiadas») para viajar a Madrid y Valladolid, principalmente. Así se beneficiarían los usuarios de una notable ampliación de la oferta de frecuencias que ya tuvieron disponible en la primera mitad de febrero, pero que luego Renfe anuló. Lo atribuyó a un fallo informático, pero la alcaldesa dijo que esa mejora era «un compromiso» y que esperaba que se reactivase.

VARIANTE DE SAN RAFAEL, Y MÁS. Una demanda histórica sin avances es la de la variante de San Rafael, infraestructura que se ha convertido en todo un clásico en las enmiendas del PP cuando gobierna el PSOE y viceversa. Con Zapatero al frente del Gobierno se aprobó en 2010 un estudio informativo; con Rajoy, una declaración de impacto ambiental en 2013 que validaba el uso de la AP?6 como variante, pero que terminó caducando en 2018, poco antes de que volviera a tomar las riendas del Gobierno el PSOE, que en lugar de rescatar el proyecto ha optado por invertir en mejoras accesorias de seguridad vial en la travesía. Entretanto, el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2020 que el peaje de la AP-6, así como el de la AP-61 y la AP-51, se extendiera hasta noviembre de 2029, aunque los socialistas culparon a los populares al alegar que se debía a condiciones pactadas por estos en 1999.

Aún está por verse también en qué medida impulsa el próximo Gobierno la recuperación del ferrocarril convencional, apoyado de palabra por unos y otros; la diversificación económica de Segovia, sobre todo, precisamente a través de la financiación de un enlace ferroviario para mercancías (puerto seco) en el futuro polígono de Prado del Hoyo; o el papel de Segovia (aún ambiguo, sin inversiones concretas sobre papel) dentro del Corredor Atlántico.

Un proyecto que sí avanza, aunque sea por vía administrativa, es la primera fase de la renovación del colector de Tejadilla, cuyos pliegos de condiciones para sacar la obra a concurso fueron autorizados por Acuaes el 25 de mayo. Una infraestructura que no sonará atractiva para el ciudadano medio, pero que es clave para el crecimiento industrial sostenible de Segovia, ya que asegurará capacidad de vertidos de empresas, aparte de desarrollos residenciales, además de favorecer la recuperación de ese valle, al propiciar el acondicionamiento de un sendero de cinco kilómetros. Pero mucho antes de que eso sea realidad llegará el 23 de julio una nueva cita con las urnas, con todos los proyectos citados en juego y algunos más.