El nuevo censo del lobo elaborado por la Junta en el último decenio y conocido en 2024 contabiliza, como mínimo, 193 manadas en la Comunidad, lo que supone un ocho por ciento más que el anterior registro de 2012-2013, cuando se cifraron 179. De este número, 158 están al norte del Duero, con un cuatro por ciento más, aunque al sur del río el número se disparó un 30 por ciento, hasta las 35, debido a la ausencia de gestión del cánido por su entrada en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) desde 2021. Todo ello, en un buen año en la lucha contra incendios forestales, con un descenso del 75 por ciento de la superficie quemada en este ejercicio.

Así, en relación al lobo, se han recabado evidencias de reproducción para el 87 por ciento de las manadas, por la presencia de cachorros, 15 puntos más que hace un decenio. Esto representa un estado de conservación de la especie magnífico, pero un reto en la gestión, al compartir más territorio con la ganadería extensiva. El cánido se ha expandido hacia zonas de Ávila, Segovia y Madrid, por la Sierra de Guadarrama, y hacia La Rioja a través del Sistema Ibérico.

El censo conlleva que Castilla y León alberga al 59 por ciento de los lobos de España, un punto menos que hace un decenio, con lo que se mantiene de forma similar. También destaca que casi cuatro de cada diez manadas se encuentran en León, provincia que, junto a la Montaña Palentina y el norte de Zamora, "están saturadas y ecológicamente no cabe una manada más", según explica la Junta.

Los datos del censo se conocieron casi mientras el comité del Convenio de Berna del Consejo de Europa decidía, a finales de año, rebajar la protección del lobo de "estrictamente protegido" al estatus de solamente "protegido", tal y como pedía la Junta y había solicitado la Comisión Europea y algunos estados miembros, aunque no España.

Al respecto, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, instó durante todo el año al Gobierno central a extraer al lobo del Listado de Especies Protegidas (Lespre) en numerosas presencias ante los medios de comunicación y por cartas enviadas al departamento que ha dirigido hasta hace semanas Teresa Ribera, y así alinearse con Bruselas.

Además del lobo, en el marco de la fauna, una de las noticias de 2024 es la reintroducción del lince ibérico en Castilla y León. La Junta lo hará posible con los primeros seis ejemplares en el Cerrato palentino en la primavera de 2025, procedentes del programa de cría en cautividad de la especie. Igualmente, la población de oso pardo en la Cordillera Cantábrica se estima en 370 ejemplares, de acuerdo con el trabajo de campo realizado entre 2020 y 2021 y la identificación individualizada de muestras no invasivas, heces principalmente, una cifra positiva para el sector ambientalista, en un ejercicio en el que se conoció que la Consejería destinará cinco millones de euros para la mejora de los tres centros de recuperación de animales silvestres (CRAS): Burgos, Segovia y Valladolid, además de otros dos de recepción en Salamanca y, sobre todo, para la construcción de uno nuevo en la finca Valsemana, en la Ercina (León).

El aspecto más negativo se produjo en la provincia de Zamora, donde se constató el hallazgo de 23 ciervos muertos por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en el último año en Zamora, tras la correspondiente toma de muestras, así como alrededor de otros 90 cadáveres que se encontraron y que son sospechosos de haberla contraído.

Buen año en lucha contra incendios

La fauna volvió a ser protagonista en Castilla y León, en un año en el que también fue tema principal el de los incendios forestales. La superficie quemada este año por descendió un 75 por ciento respecto a la media del decenio, con un total de 4.684 hectáreas, de las que 1.070 fueron arboladas. Además, el número de fuegos bajó un 41 por ciento, hasta los 811.

La Junta consideró la campaña de "excelente y excepcional", ya que junto a las de 2018 (910 incendios) y de 2020 (904 incendios) ha sido la mejor de la serie estadística de Castilla y León desde 1984.

Esta campaña solo se produjo un gran incendio forestal, en Astorga (León), con 589 hectáreas quemadas, de las cuales 233 eran arboladas, si bien fueron varios los que requirieron la evacuación de poblaciones, como el caso de Sejas de Aliste, en Zamora. Además, el número de declaraciones de niveles de gravedad fue inferior a la media histórica reciente, con 23 casos (18 de nivel 1 y cinco de nivel 2) frente a un promedio de 27 en el periodo 2014-2023.

Al mismo tiempo, se observó un leve descenso en incendios intencionados (52 por ciento frente al 55 por ciento promedio 2014-2023) y un incremento en los de causas naturales, como rayos (del 8 por ciento al 10 por ciento), mientras que las negligencias y accidentes se mantuvieron estables (29 por ciento). Estos resultados, en gran medida, son atribuidos a la labor del personal operativo, cuyo trabajo permitió contener el 75,7 por ciento de los incendios en fase de conato (614 casos).

Una de las peticiones del sector es la aprobación del nuevo Infocal, que aún no ha visto la luz, pero que en principio lo hará, como muy tarde, en enero.

Protestas de los agentes

Este año continuaron las protestas y reivindicaciones laborales del sector forestal. En varias ocasiones, los agentes medioambientales de Castilla y León exigieron a la Junta que se reconozca su verdadera labor "cualificada" y que se equiparen sus sueldos a los de la media nacional.

En este sentido, fue en mayo cuando la Consejería de Medio Ambiente y los sindicatos USCAL, UGT y CCOO firmaron un acuerdo donde se plasman las mejoras que tienen que ser implementadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Comunidad.

Sin embargo, las quejas siguen y, de hecho, este mes de diciembre CCOO denunció que el departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones incumple los acuerdos del Diálogo Social alcanzados en septiembre de 2022, y aseguró que aunque en los mismos se contemplaba que los 403 trabajadores públicos con categoría de vigilante pasaran a trabajar doce meses a partir del próximo 1 de enero, la realidad es que la Consejería solo ha notificado el cambio de condiciones a la mitad de esta plantilla, con lo que amenazó con llevarlo ante los tribunales.

Igualmente, los trabajadores denuncian también la falta de la orden anual de guardias en el operativo de incendios de la Junta para regular el trabajo de técnicos, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y conductores.

Por su parte, en marzo, el Consejo de Ministros aprobó los estatutos básicos para los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales, que pretende mejorar y equiparar a nivel nacional las condiciones de trabajo de 26.000 profesionales y que decayeron con la convocatoria de elecciones.

Energías limpias

En su faceta de responsable de la empresa pública Somacyl, el consejero destacó en varias ocasiones que Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor implantación de energías renovables, a la vez que confirma que la Junta trabaja en importantes proyectos en otros combustibles que sustituyen a los fósiles, como son el metanol verde, el hidrógeno, el biogás o el biometano.

A ello se suma la apuesta de Somacyl por diferentes proyectos verdes, entre ellos las redes de calor a lo largo y ancho de la Comunidad, que llegarán a 51.000 viviendas en 2029 y 452 usuarios terciarios en Castilla y León, tras una inversión global de 184 millones de euros.

Navacerrada 

Por último, uno de los temas judicializados en materia de medio ambiente y que dieron que hablar este año fue la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre la estación de Navacerrada, que falló que la Administración autonómica es competente para analizar la caducidad de la concesión, la posibilidad de prórroga y ejecutar un posible desmantelamiento.

Al respecto, Suárez-Quiñones mostró el "desacuerdo jurídico" y argumentó que aunque la Junta acepta, no comparte que "nos tenga que decir que es lo que tenemos que hacer". "La competencia es nuestra, pero seremos libres de decidir lo que corresponda", contestó el consejero a una sentencia sobre la que la Junta anunció que tiene "amparo legal" para que no se cierre la estación de esquí de Navacerrada.