Empujón del Gobierno a la nueva ley de dependencia y discapacidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este colectivo. El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la antigua norma de Dependencia que contempla, entre otras iniciativas, el derecho a una vivienda accesible, el reconocimiento de la teleasistencia universal para todas las personas con dependencia, el reconocimiento automático del 33 por ciento de discapacidad a los individuos con algún grado de dependencia y la supresión de las incompatibilidades entre las prestaciones.

Precisamente, uno de los puntos más destacados del texto es el relacionado con la vivienda. En este sentido, la ley insta a realizar obras encaminadas a asegurar la accesibilidad de los edificios, como la instalación de ascensores, que serán obligatorios cuando un vecino lo solicite; y si las comunidades de vecinos se niegan, se habilitará a los solicitantes a acudir a la justicia. Además, la norma recoge el deber de las administraciones de habilitar líneas de ayuda y rebaja el porcentaje del 75 al 70 por ciento del importe de las obras que deberán cubrir las subvenciones para que sean obligatorias.

Esta medida ayudaría a un total de 100.000 personas que están atrapadas en sus casas en España por problemas de accesibilidad, según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Asimismo, estas reformas buscan «agilizar los procesos administrativos, evitando sobrecargas burocráticas» y, por ello, la reforma incluye medidas como la asimilación de las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia (en cualquier grado) a una discapacidad del 33 por ciento.

En esta línea y con el objetivo de «eliminar rigideces e ineficiencias» y mejorar la «flexibilidad» del sistema, el anteproyecto suprime el régimen de incompatibilidades entre distintas prestaciones. Esta medida permitirá a las personas recibir varias ayudas simultáneamente, por ejemplo, el centro de día y la ayuda a domicilio.

Igualmente, se elimina el período suspensivo de dos años que retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y se simplifican los trámites en la revisión del Programa Individual de Atención reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios.

Al mismo tiempo, se establece un «procedimiento de urgencia» para situaciones de especial vulnerabilidad, como sucede con la ley ELA, para casos de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica.