La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a dos años de prisión y al pago de multas e indemnizaciones millonarias a los responsables de tres empresas del Real Sitio de San Ildefonso por defraudar subvenciones del Ministerio de Industria. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los dos condenados evitarán entrar en la cárcel -se enfrentaban a penas que sumaban 25 años de cárcel- pero tendrán que abonar un millón de euros en el plazo de cinco años y tendrán que entregar todo el patrimonio de sus sociedades para devolver lo demás.

Los hechos se refieren a seis expedientes de ayudas solicitadas por esos empresarios -que responden a las iniciales de A. M. L. y A. M. Z. y son padre e hijo- al Ministerio de Industria, del que recibieron unos 15 millones de euros entre 2010 y 2016. Eran préstamos a intereses del cero por ciento o muy bajos para la realización de proyectos industriales. Sin embargo, nunca se llegaron a llevar a cabo, tal y como reconocen los condenados en la sentencia, dictada en el propio juicio al alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes.

La sentencia describe cómo las cuentas bancarias en las que habían recibido las ayudas públicas se iban quedando sin fondos sin que las empresas justificaran que habían ejecutado los trabajos a los que se habían comprometido para poder optar a las subvenciones. Además, según la condena, estos empresarios aportaron facturas falsas y justificantes de pagos manipulados y al menos en una ocasión prohibieron el acceso a sus instalaciones a los responsables públicos para que comprobaran sobre el terreno las inversiones ejecutadas hasta ese momento.

Los proyectos estaban previstos en Valsaín, Jaén y los municipios coruñeses de Cedeira y Somozas y tenían relación con el sector de la biomasa. El diseñado para Valsaín prometía la construcción de una planta de fabricación de pellets con biomasa forestal. Añade la sentencia que estas empresas realizaron cargos y transferencias que no tenían relación con los proyectos.

El Ministerio de Industria y la Agencia Tributaria han iniciado en este tiempo varios expedientes de recaudación ejecutiva para recuperar el dinero sin éxito. Ahora los acusados han depositado dos millones de euros y una vivienda valorada en unos 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Un gesto que les ha permitido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado acepten que les aplique la circunstancia atenunante de reparación del daño. También se han beneficiado de la atenuante de dilaciones indebidas, pero todavía les queda un largo camino por recorrer para saldar todas sus deudas por este fraude en ayudas públicas.

La sentencia de la Audiencia Provincial incluye para ellos también multas que suman 14 millones de euros y la obligación de pagar indemnizaciones de más de 12 millones a los que hay que sumar los intereses de demora. El calendario de pagos dependerá del resultado de las liquidaciones de sus sociedades y el patrimonio que afloren. «Esta sentencia salva lo principal, que es la libertad de las personas pero también se salva el interés público, que es el de que se reembolsen los fondos. Sí que hay que tener en cuenta un punto muy importante  y es que estas eran subvenciones a las energías renovables y todos los concursos [de acreedores] que se han producido en estas sociedades y otras parecidas o todos los posibles delitos se derivan  de aquella decisión del Gobierno del Partido Popular, que quitó todas las ayudas a las energías renovables llevándolas a la quiebra», reflexionó al final de la vista oral Jacobo Teijelo, abogado de uno de los condenados.

En el caso del proyecto fallido en Valsaín, uno de los condenados solicitó el 1 de julio de 2014 -en su condición de presidente y consejero delegado de una de sus empresas- una ayuda al Ministerio de Industria para la construcción de una planta de fabricación de pellets con biomasa forestal en Valsaín. El 9 de diciembre de ese mismo año el Ministerio le concedió y abonó 1,5 millones de euros a un tipo de interés del 3,062 por ciento para la ejecución del proyecto, que tenía que estar listo en 18 meses.

Sin embargo, la cuenta bancaria en la que ingresó el dinero -que tenía un saldo negativo previo de 11.613,49 euros, comenzó a recibir cargos que no tenían relación con el proyecto, como pagos de nóminas, transferencias a otra de las empresas del condenado, reintegros en cajeros, compras con tarjeta... Un año después, del millón y medio de euros solo quedaban 13.694,58 euros a pesar de que ingresó de otras fuentes algo más de 800.000 euros. La sentencia remarca que no realizó ninguna de las inversiones del proyecto, que ni siquiera llegó a solicitar licencia de actividad al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y que por supuesto no devolvió ni justificó la ayuda concedida por el Ministerio.