El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles un real decreto de creación de 70 unidades judiciales con especial incidencia en los juzgados de violencia machista, informa el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Se contemplan 36 nuevos juzgados y 33 plazas de magistrado en órganos colegiados conforme a las propuestas formuladas por las comunidades autónomas así como una plaza de juez de adscripción territorial que se asigna al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para funciones de refuerzo y sustituciones.

El real decreto crea nuevos juzgados exclusivos de violencia de género y formaliza nuevas agrupaciones de juzgados de esta materia. El objetivo es extender la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales para lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento.

También se trata de dar respuesta a la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de juzgados que compatibilizan casos de violencia de género con los del resto del orden jurisdiccional penal. En concreto se determinan ocho nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en Andalucía, Canarias y Navarra.

Asimismo la modificación de la agrupación del partido judicial de Valencia, que extiende su jurisdicción a los de Quart de Poblet y Mislata como consecuencia de la creación y constitución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia. En cuanto a la modificación de la planta judicial se crean cuatro plazas de magistrado en la Audiencia Nacional, dos para la Sala de lo Penal y otras tantas para la de lo Contencioso-Administrativo. Respecto a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas se crea un plaza de magistrado para la Sala de lo Social del de Castilla-La Mancha y otra para la de lo Contencioso-Administrativo del de La Rioja.

En relación con las audiencias provinciales se crean tres plazas en las de Madrid y Barcelona, dos en la de Valencia y una en las de Sevilla, Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Baleares, Albacete, Valladolid, Segovia, Girona, Tarragona, Alicante, Castellón, Badajoz, A Coruña, Pontevedra, Murcia y Álava.

Además se crean y se constituyen 36 juzgados, de ellos quince de primera instancia, en Zaragoza, Ibiza, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Santander, Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Girona, Ponferrada, Badajoz, A Coruña y Bilbao.

Asimismo cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción en La Palma del Condado, Puerto del Rosario, Figueres y Arganda del Rey; cinco de lo Penal, en Castellón, Alicante, Valencia y Madrid (dos); otros tantos de lo Social, en Almería, Cádiz, Elche y Madrid (dos); uno de lo Mercantil, en Oviedo. Y seis de Violencia sobre la Mujer, en Almería, Málaga, Dos Hermanas, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Pamplona.

"El impacto que la buena marcha de la Administración de justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación de la economía eficaz y a la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades", señala el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un comunicado.

Fuentes del Ministerio recuerdan que Bolaños dijo el pasado jueves que una de sus prioridades es la mejora de este servicio público a través de una nueva organización de la Administración de justicia. Y añaden que este real decreto es una muestra de los compromisos del Gobierno con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y va más allá de la adecuación de la planta judicial pactada para el periodo 2020-2022 que atañía a cien plazas, y solo en los dos últimos años se han creado 70 anuales.