La constructora Rogasa, adjudicataria de los trabajos de finalización del edificio CIDE, no será penalizada finalmente, tal y como pretendía el anterior gobierno municipal de PSOE-IU porque las obras que ejecutó no se ajustaban en su totalidad al proyecto, según el criterio técnico de la dirección facultativa de los trabajos, que llevó a cabo la oficina  de arquitectura Sancho-Madridejos, responsable también del diseño de este inmueble municipal.

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Segovia ha agotado el procedimiento judicial, al no estimarse el recurso extraordinario de casación presentado durante el anterior mandato.

El entonces concejal de Hacienda, el socialista Jesús García Zamora, informó en su momento de que las penalidades se habían calculado en 459.004,55 euros, cantidad que se pretendía descontar del pago de la última certificación de obras a Rogasa.

Mazarías ha explicado que, tras el último fallo judicial, no habrá ningún descuento pero esa cantidad ya fue abonada en su momento a la empresa adjudicataria. El Ayuntamiento sí tendrá que afrontar ahora el pago de las costas judiciales (un máximo de 1.000 euros) y los honorarios de procurador y letrado.

El regidor segoviano ha añadido que la presentación de un recurso extraordinario de casación «es muy arriesgado» porque son muy pocas las sentencias anuladas.

Comparación. Ha querido contraponer esa decisión del anterior gobierno municipal con la forma de actuar del actual del Partido Popular, poniendo el ejemplo del acuerdo alcanzado con la empresa Clece, adjudicataria del servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales. Según ha explicado el alcalde, ha habido una negociación y el resultado ha sido que el Ayuntamiento abonará 150.000 euros por la reclamación económica que había presentado esa sociedad  por los trabajos extras durante los años de la pandemia de covid.

«Hubiera podido ser una cantidad mucho mayor si la sentencia hubiera sido condenatoria», ha explicado Mazarías, porque además habría que añadir el pago de intereses y los costes por el procedimiento judicial, según ha comentado.

En resumen, sostiene que «son diferentes modelos de enfrentarnos a los procedimientos judiciales, que nosotros intentamos evitar para buscar un acuerdo siempre con las empresas que reclaman  al Ayuntamiento».