Los problemas en Muface no parecen cerca de resolverse. Adeslas, Asisa y DKV no ven claro el encaje jurídico del mecanismo planteado por el Gobierno para que puedan recuperar las pérdidas provocadas por la cobertura sanitaria a los funcionarios de la Administración General del Estado y Correos. De forma paralela se agotan los plazos para resolver la licitación lanzada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la segunda en apenas unas semanas. Esta situación deja la sanidad de 4.609 segovianos en el limbo.
Según los datos más actualizados publicados por Muface, correspondientes a 2023, 2.774 trabajadores públicos de nuestra provincia confían su cobertura sanitaria a Adeslas, 1.475 a Asisa y 360 a DKV, unas cifras que han bajado desde la pandemia a pesar de que el número de empleados de las administraciones apenas ha variado. Antes de la crisis de la Covid-19, el colectivo mutualista de Segovia estaba formado 4.954 personas (2.958 de Adeslas, 1.634 de Asisa y 362 de DKV).
En los años transcurridos también ha aumentado la cantidad de funcionarios que deciden decantarse por el sistema público de salud. De los 1.726 que lo hicieron en 2019 se ha pasado a 2.083 en 2023. A pesar de lo que apunta a ser una tendencia, existe preocupación por las consecuencias de que el concurso de Muface quede desierto el próximo lunes, día en el que concluye el plazo de presentación de ofertas. CSIF, que se manifestó en dos ocasiones en Segovia por este asunto, anunció este miércoles que el sindicato convocará una huelga de funcionarios durante la primera quincena de febrero si finalmente eso ocurre.
«Se está produciendo una intranquilidad total y absoluta porque nadie sabe qué es lo que va a pasar cuando se acabe el mes de marzo, que es cuando concluye la obligación que tienen las aseguradoras de prestar el servicio», ha lamentado el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra. Según su relato, este sindicato atiende diariamente centenares de casos por desatención sanitaria, ya que actualmente –ha subrayado– las aseguradoras ponen trabas administrativas o directamente «deniegan» citas, pruebas diagnósticas e incluso intervenciones quirúrgicas debido a la crisis de Muface.
El sistema público de salud está llamado a asumir a esos miles de mutualistas si la situación no se resuelve, y algunas comunidades autónomas ya han expresado su preocupación. El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, alertó hace unos días de que la incorporación de los beneficiarios de Muface al Sistema Nacional de Salud supondrá «un empeoramiento de las listas de espera tanto de consulta externa como quirúrgica. Vázquez aseguró que el Gobierno autonómico está trabajando para estar preparado y se encuentra estudiando en qué áreas sanitarias tendría mayor incidencia.
«Habrá algunas que tengan mayor dificultad y otras en los cuales no haya apenas porque no hay beneficiarios de Muface que puedan entrar», señaló. El consejero de Sanidad ha matizado que, en caso de terminar de materializarse la crisis, reforzarían a los centros de salud «con los medios disponibles para poder hacer frente», aunque también ha dejado claro que «el nivel de camas hospitalarias y atención hospitalaria, tanto con la actividad extraordinaria como con la actividad ordinaria, puede permitir el hacer frente a los beneficiarios de Muface».
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, comparecerá el próximo miércoles en el Senado para informar y dar explicaciones sobre este asunto, pero las críticas no cesan. El propio consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha criticado la actuación del Gobierno y ha alertado de los efectos del rechazo al nuevo Muface. «De la noche a la mañana el millón y medio de beneficiarios de Muface van a pasar a un sistema público que todos son conscientes de que tiene dificultades a la hora de encontrar profesionales en todo el territorio nacional», ha remarcado Vázquez.