La Junta de Castilla y León abre la puerta a proyectos de inversión internacionales y nacionales en energías limpias en los bienes comunales de las entidades locales de la Comunidad, pero con unos límites para hacer compatible la actividad económica con el carácter medioambiental de estos aprovechamientos.

Así lo recoge el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña a los presupuestos para 2024, conocido por Ical, que modifica la ley de Régimen Local de Castilla y León con una nueva disposición adicional en la que se concreta el régimen jurídico del acotamiento de los bienes comunales de las entidades locales. Se trata de hacer compatible el rendimiento económico y las necesidades sociales y medioambientales con su explotación.

La Comunidad facilitará así un nuevo aprovechamiento comunal a través de proyectos de inversión, tanto internacionales como nacionales, en nuevas tecnologías medioambientales que permitan reforzar el liderazgo de Castilla y León en energías limpias.

Esta nueva regulación, como recoge el texto, señala que parte de los bienes comunales de las entidades locales podrá ser acotada, además de para fines específicos de enseñanza, recreo escolar, caza o auxilio de los vecinos, para otros proyectos de inversión de carácter medioambiental, pero con unos límites como el respeto de la naturaleza y las normas de aprovechamiento.

Así, explica que el acotamiento mantendrá, en su totalidad, la naturaleza jurídica de bien comunal. Además, establece límites en el acotamiento que no se podrá realizar donde ya exista una planificación o inversión pública o privada con fondos públicos.

Igualmente, se introducen cambios en tres artículos de la ley de Ordenación del Territorio para una simplificación administrativa y agilizar los tiempos de tramitación, de manera que los planes y proyectos regionales, análogos a los instrumentos de planeamiento urbanístico, no se tengan que someter a decretos. "Reducirá de modo significativo los tiempos de tramitación en beneficio de los procesos de inversión empresarial generadores de empleo en nuestra Comunidad", expone.

El documento, con tres disposiciones adicionales, indica también en la primera una exención temporal de la Tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados. La Junta entiende que es "oportuno y necesario" favorecer la formación de los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, con la eliminación de los impedimentos económicos y administrativos que suponen la aplicación de la tasa cuya suspensión se propone. El reto es "favorecer que los solicitantes, principalmente personas desempleadas, puedan acreditar sus cualificaciones profesionales y facilitarles la búsqueda o la mejora de empleo".

Lucha contra la corrupción

El Gobierno regional también apuesta en la ley de acompañamiento por la lucha contra la corrupción e incluye la creación de una Autoridad Independiente adscrita al Consejo de Cuentas de Castilla y León y que actúe con plena autonomía e independencia respecto de la Junta y el resto de las administraciones públicas. Actuará sobre el sector público autonómico y local de la Comunidad, pero también extenderá sus funciones sobre las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el propio Consejo de Cuentas.

Esta figura, según se explica en el anteproyecto de ley, busca dar cumplimiento a los objetivos perseguidos por la Unión Europea y la normativa estatal para garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y casos de corrupción. Así, la Autoridad Independiente, cuyo titular tendrá la condición de autoridad pública, tendrá la potestad sancionadora respecto a las infracciones contempladas en la Ley 2/2023 (reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción) y de establecer medidas de apoyo para las personas que revelen casos de corrupción.

Al mismo tiempo, también será competente para realizar laboras de asesoramiento y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude, así como la realización de propuestas y recomendaciones con el fin de promover los máximos niveles de integridad.

También se establece que los actos y resoluciones de la Autoridad Independiente en materia sancionadora pondrán fin a la vía administrativa, siendo únicamente recurribles ante la justicia. Por último, se establece que el presidente del Consejo de Cuentas informe anualmente de la actividad realizada en este ámbito.

Dinamización demográfica

La Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas asume además en su disposición tercera que la Junta podrá impulsar medidas de dinamización demográfica, económica y social en los pequeños municipios de Castilla y León. Establece este marco y lo hará, indica, bien directamente o a través de los ayuntamientos o diputaciones provinciales, mediante la convocatoria específica de ayudas, la bonificación o reducción de cuotas o aportaciones o el establecimiento de beneficios fiscales en los tributos autonómicos, en municipios de un determinado tramo de población, con la finalidad de "fomentar actividades que cumplan una función social en la población y contribuyan a la cohesión social y a la mejora en la calidad de vida de sus vecinos".

El texto normativo también expone que en el establecimiento de las tasas y precios públicos, congeladas con carácter general desde 2014, su revisión se realice a propuesta de la consejería competente o por Hacienda y "sin necesidad de esperar a un periodo de cinco años" por que son los que conocen el coste real del servicio. En materia de subvenciones, cabe destacar que la normativa incluye la posibilidad de concesión a las organizaciones profesionales agrarias, como entidades colaboradoras.

Asimismo, cabe destacar que también se dota a los órganos gestores de las herramientas necesarias para evitar un trastorno en el servicio público frente a la imputación de compromisos y operaciones de ejercicios anteriores al presupuesto en vigor. En los supuestos en que el compromiso de gasto estuviera condicionado a la existencia de crédito, antes de su anulación se podrán "valorar soluciones alternativas".

Beneficios fiscales

El documento introduce tres nuevos beneficios fiscales e introduce una modificación en las deducciones del IRPF que hace compatibles las estatales para la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga (15 por ciento sobre una base máxima de 20.000 euros), con las autonómicas de mayor alcance, hasta 4.000. El objetivo es garantizar que la cuantía total deducible alcance ese máximo. Asimismo, elimina cualquier restricción a la aplicación de reducciones y bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que pudiera existir en la equiparación a los cónyuges con los miembros de las parejas de hecho.

Cabe recordar que, como ya anunció el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, la primera nueva rebaja fiscal está dirigida a favorecer la actividad industrial de autónomos y empresas, con una reducción a la mitad del pago por operaciones que se formalicen en escritura pública en el medio urbano o rural sobre suelo industrial y terciario (agrupación, agregación, segregación y división de parcelas) en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

El segundo es la extensión a todos los agricultores en alta en la Seguridad Social y a todo tipo de explotaciones agrarias, de la bonificación del 100 por ciento de la cuota sobre Transmisiones Patrimoniales, por arrendamiento de fincas rústicas, con el reto de favorecer la continuidad de esta actividad. Antes estaba dirigida solo a agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.

El tercer nuevo beneficio extiende a casi 130 entidades locales menores de municipios de más de 5.000 habitantes la deducción del 40 por ciento por nacimiento o adopción que ahora estaba establecida para localidades de inferior población. Podría beneficiar a 37.000 personas. La Junta mantendrá todas las anteriores deducciones fiscales que "seguirán plenamente vigentes".

El texto incluye además la inclusión como personal estatutario de sanidad de la categoría de investigador en ciencias de la salud. "De esta forma, la motivación para el desarrollo de la actividad investigadora d ellos profesionales sanitarios se impulsa", afirma.