Digámoslo pronto: el Gobierno quiere maniatar a los jueces maleando el Código Penal con una ley que persigue el archivo de la instrucción de determinadas causas penales en curso. Así de escandalosa se anuncia una proposición que modifica el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La presentó en el Congreso el eximio jurista Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE. Tienen prisa.
Esta última iniciativa para limitar la acción de las acusaciones populares delata el nerviosismo -el "pánico" en opinión de algunos juristas- ante el avance de las investigaciones en curso en diversos tribunales que afectan al entorno familiar y político de Pedro Sánchez. Su hermano (David Sánchez) declarando en un juzgado de Badajoz para responder ante la juez de varios presuntos delitos; la causa contra su esposa (Begoña Gómez) que sigue viva a la espera de nuevas declaraciones; el Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz) por un presunto delito de revelación de secretos y dentro de un mes, así que terminen las largas vacaciones parlamentarias, entrará en crónica la petición de suplicatorio al Congreso para procesar al diputado José Luis Ábalos exministro de Fomento y número dos del PSOE acusado de pertenecer a una presunta trama criminal.
Plantear la reforma mediante una proposición de ley, no un proyecto de ley que obligaría a recabar el dictamen previo del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal, describe la voluntad de escapar de las críticas. Ya se han dejado oír las de todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Incluidas las de Jueces para la Democracia. En ese escenario, algún jurista -caso de Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado con un Gobierno del PSOE- ha llegado a señalar que la reforma es inconstitucional "de principio al fin". La reforma, si sale adelante tal y como ha sido presentada, sería aplicable a los casos que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, investigaciones iniciadas a raíz de las querellas presentadas por Manos Limpias. Las prisas para aprobar una reforma tan a la carta -en algunas crónicas se habla de la "Ley Begoña"- delata que estamos ante una maniobra a la desesperada. Obscena, sería la palabra.