El último gobierno de Pedro Sánchez cuenta con tres vicepresidencias tras la salida de Nadia Calviño. Su sustituto en el Ministerio de Economía se ha quedado en ministro. Cierto que la ahora vicepresidenta primera María Jesús Montero debería tener entre sus funciones la coordinación de las decisiones del gobierno.
Al menos debería ocuparse de que si se aprueba una medida que esta lleve acompañada una memoria económica y se tengan en cuenta todas sus derivadas. Ya en estos años de Sánchez como presidente hemos visto de todo. Decretos pésimamente redactados, proyectos sin memoria, medidas improvisadas que luego tienen consecuencias para el contribuyente o para las arcas del Estado, que nadie ha valorado en el gobierno más voluminoso de la historia de la democracia ha tenido este país.
Y ha vuelto a ocurrir. La ministra de Trabajo negocia con los sindicatos la subida del SMI, pero nadie advierte las repercusiones que para esos trabajadores tendrá el alza en el IRPF. Lo ha tenido que señalar el líder de la oposición, Núñez Feijóo. El popular subrayó el mismo lunes en un desayuno informativo que, según las estimaciones de sus asesores económicos, el 56% del aumento del salario mínimo beneficiaría a los trabajadores, mientras que el 44% se iría a llenar las arcas del Estado y propuso como solución que se eleve el mínimo exento.
La ministra de Hacienda fue informada y enseguida se apresuró a hacer suya esa recomendación del presidente del PP. Montero aseguró que Hacienda ya estaba en ello para que efectivamente una parte sustancial de la subida del SMI no se pierda por la fiscalidad. Sin embargo, según cuenta Vozpópuli la rebaja que anuncia Hacienda es un nuevo parche y no resuelve el error del salto que el impuesto arrastra desde hace años y que hace que las rentas entre 12.000 y 21.000 euros tributen a un tipo marginal tan elevado como el de las rentas desde 300.000 euros.
A lo que habría que añadir la negativa de Montero de deflactar la tarifa del IRPF, lo que consigue que todos los contribuyentes pierdan poder adquisitivo cada año. Hace ya varios años que no se han modificado los tramos para ajustarlos a la subida del coste de la vida y ya sabemos que, por ejemplo, sólo en los dos últimos años la subida del IPC general ha sido de casi el 12% y la de los alimentos cercana al 20%.