Dos vidas destrozadas, cuatro culpables confesos y dos acusados que la Fiscalía Provincial de Segovia considera también responsables como autores intelectuales. La condena o absolución de estos últimos es la última variable que queda por descifrar del juicio que se celebró la semana pasada en Segovia por uno de los casos más escabrosos registrados en la provincia en los últimos años.

En enero de 2020 y tras unos preparativos que duraron entre tres y cuatro meses, según los hechos que considera probados la Fiscalía, seis hombres se hicieron pasar por guardias civiles y dieron el alto en una carretera cerca de Boceguillas al coche en el que circulaba un matrimonio vecino de Madrid. Este regresaba a la capital de España después de pasar el fin de semana en un balneario de El Burgo de Osma (Soria) cuando se desencadenó todo. «Hay cosas que se olvidan y cosas que no se olvidan. Esto no se olvida», ha declarado en el juicio una de las víctimas, que no ha podido evitar romper a llorar en varios momentos al recordarlo.

Ha explicado que, en el transcurso del viaje, se pararon a realizar unas compras en la provincia de Segovia y se dieron cuenta de que un hombre les seguía. Lo que no podían imaginar es lo que iba a suceder después. Un vehículo con indicativos policiales los dio el alto. «Salieron encapuchados del coche y uno de ellos pegó un tiro al aire. No parecía el modo de proceder de un policía así que nos encerramos en el coche», ha contado.

Sin embargo, no pudieron evitar ser secuestrados. Su mujer y él fueron introducidos por separado en sendos vehículos y trasladados por carretera por espacio de casi dos horas hasta llegar a una finca en la provincia de Toledo. Allí fueron brutalmente agredidos durante unas nueve horas en el interior de un contenedor de obra para que revelaran dónde tenían escondidas las joyas y el dinero en su domicilio de Madrid y las claves de los sistemas de alarma y posibles cajas de seguridad. «Mi mujer y yo nos despedimos porque pensábamos que no íbamos a salir de ahí. A mí me dieron descargas con una pistola 'taser' por todo el cuerpo, me dieron una paliza curiosa y amenazaron con cortar las manos a mi mujer», ha relatado una de las víctimas. Su esposa sufrió un calvario similar: «Me sentaron frente a mi marido para que viera cómo lo torturaban».  

Tras el secuestro y las torturas, los secuestradores liberaron a las víctimas cerca de su domicilio: «Y en ese momento todavía nos decían que nos iban a volver a meter en el coche». Una prolija investigación que la Guardia Civil bautizó 'Operación Río Lobos' y que se prolongó durante un año, con la colaboración del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda, permitió dar con al menos una parte de los presuntos culpables. La Fiscalía cree que en la ejecución del secuestro y las torturas participaron dos personas más que no han podido ser identificadas. De los que se han sentado en el banquillo de los acusados -todos residentes en la provincia de Madrid-, cuatro han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus penas, mientras otros dos insisten en su inocencia.

A estos el ministerio público los considera los autores intelectuales del plan. Hermanos y empresarios, uno era quien conocía a las víctimas y quien proporcionó la información al otro, que a su vez contrató a los autores materiales, según la propia Fiscalía. El motivo se desconoce, aunque la acusación ha apuntado la posibilidad de que existieran rencillas o incluso una deuda. Con el secuestro y las torturas, esta organización criminal consiguió hacerse con 30.000 euros en efectivo, unos pendientes de oro con brillantes, una medalla con cruz de Caravaca de oro, un Rolex Cellini de oro blanco de 18 quilates, teléfonos móviles y otros efectos valorados en 12.890 euros. Y pudo ser más ya que, en el momento en que fue interceptado en la carretera, el matrimonio llevaba 40.000 euros en el coche que los secuestradores no vieron.

La Fiscalía pedía para los acusados penas que sumaban 136 años de prisión, rebajadas tras el juicio para cuatro de ellos tras su confesión y tras aplicar atenuantes como la adicción a las drogas de dos. Para los hermanos mantiene la acusación de pertenencia a organización criminal y dos delitos de secuestro en concurso con otros dos delitos de robo. El ministerio público sostiene que el flujo de llamadas entre ambos y uno de los autores materiales del secuestro y las torturas -que además empleaba un teléfono de seguridad- y la relación que uno mantenía con las víctimas demuestra su implicación. A la espera de la sentencia, los cuatro acusados que seguían en prisión provisional salieron el pasado viernes en libertad al haberse cumplido el plazo máximo que establece la ley.