El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) ha descartado la construcción de la variante de San Rafael debido a que, según señalan, «en la situación actual, los plazos necesarios para reiniciar la tramitación de los estudios y proyectos de la variante, el coste de las obras y las compensaciones a la sociedad concesionarios por la utilización de la AP-6 como variante de San Rafael, se considera que no justifican la ejecución de las obras».
Desde la Plataforma Solución Travesía de San Rafael, su presidente, Juan Manuel Gea, explica que esto se debe a que ha finalizado la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para la construcción de la infraestructura, que consistía en dos viales que unían la autopista a la N-VI, uno a la altura de Gudillos en San Rafael y otro a la altura del Puente del Cristo. «Eso se aprobó hace diez años y se dotó de presupuesto; de hecho, en el año 2023 se ha dotado de presupuesto a esa variante para nada», denuncia. Es por ello que, las soluciones que consideran más oportunas actualmente son o las bonificaciones al peaje, al igual que sucede en la AP-9 gallega, o la liberalización del peaje de la AP-6.
Éstas declaraciones se producen tras las denuncias presentadas por la Plataforma Solución Travesía de San Rafael al Defensor del Pueblo, en las que critican «la grave situación de seguridad vial que sufren desde hace décadas las travesías de la localidad de San Rafael (N-VI y N-603)». Es por ello que han redactado una nueva misiva en la que solicitan una «solución definitiva» al problema.
Todo esto llega también justo después de la actualización de los precios de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2024 que se encarecen entre un 5 y un 6,6 por ciento. Éste aumento de precios supone un varapalo para las aspiraciones de reducir el tráfico en la N-VI y Gea apunta a que estas subidas de precios «ocurren todos los años, pero lo que la gente no sabe es que en la AP-6 el incremento es mayor que otras autopistas como consecuencia de la compensación que recibe la concesionaria por el tramo de Villalba a Guadarrama que está libre de costes».
Ante esto, la Plataforma denuncia que tramos como el de Guadarrama o el de la AP-9 en Galicia sí estén bonificados. «Si no se hace en la travesía de San Rafael, lo que se hace desde el Ministerio es respaldar una desigualdad de trato».
El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, coincide con la Plataforma en la necesidad de llegar a un acuerdo con la concesionaria para que «el dinero que se van a ahorrar de la variante, se invierta para que el tráfico pesado esté obligado a pasar por la autopista». Además, explica que desde el Consistorio van a llevar a cabo un calendario de actuaciones, como manifestaciones, para que desde el Ministerio se ponga solución. «Creo que no se puede aguantar más, ha fallecido gente y esto no puede ser», lamenta.
Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, explica que considera también que «la solución sería intentar que se redujese el paso de los coches, y eso pasaría por bonificar a los vehículos pesados sobre todo y aquellos que su paso sea recurrente».
Además, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Luis Sanz Merino,ha querido recordar que en el año 2018, «cuando hubo una oferta de la Junta para colaborar, tanto para los peajes como para dar una solución a la travesía». Además, apunta que «si se hacen bonificaciones en otras zonas, no hay ninguna razón para que no se pueda hacer en la provincia de Segovia»
De cara a 2029. El Ministerio ya ha anunciado que trabaja en el escenario que se abrirá el 19 de noviembre de 2029 cuando previsiblemente se pondrá fin al peaje de las autopistas AP-6, que comunica Castilla y León y Madrid, así como de los ramales AP-51 de Ávila o la AP-61 hacia Segovia. El departamento de Óscar Puente ha comenzado a planificar la liberación para lo que ha encargado un estudio informativo del impacto que tendrá sobre el tráfico y las infraestructuras existentes.
Ante esto, Gea señala que «como en cinco años ya se puede liberar la autopista, de ahí que no quieran hablar de la variante, pero el Ministerio obvia que se puede licitar la concesión de explotación de autopistas por un periodo de siete años a contar desde la finalización del plazo, lo que llevaría estos peajes hasta el año 2036. Ésto provocaría que la situación de grave peligro vial de la travesía de San Rafael se alargara más de una década en el tiempo».