Después de varios meses de demora, el Gobierno dio luz verde ayer al real decreto ley que fija un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados. El Consejo de Ministros ha dado el paso tras el pacto alcanzado con Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, en la noche del lunes, con el que se garantiza el apoyo de esta formación política a la convalidación del decreto ley en el Congreso de los Diputados.

Un apoyo que, como viene siendo norma habitual en la relación entre Moncloa y la formación independentista, no sale gratis, ya que imprime una deriva parcial a una política que debería ser de Estado. Desde Junts se han jactado de que con el nuevo reparto, Cataluña recibirá entre 20 o 30 menores, mientras que estiman en unos 700 los que corresponderá acoger a la Comunidad de Madrid.

El Gobierno defiende que quiere dar una solución a la situación a la acogida de los menores migrantes, 4.000 en Canarias y otros 400 en Ceuta, que serán trasladados a otras comunidades autónomas. Ambos territorios han afrontado con enormes dificultades y poco apoyo la atención a estos menores, que llegan a sus costas o fronteras de manera irregular y que no pueden ser devueltos a sus países de procedencia.

La nueva regulación prevé un reparto de los menores no acompañados cuando la ocupación multiplique por tres la capacidad de las comunidades receptoras, una situación superada de largo y desde hace tiempo, especialmente en Canarias, cuyo presidente ha venido lanzando voces de auxilio para una situación insostenible.

La cuestión estará ahora en los criterios de reparto y en la obligación de las comunidades autónomas de realizar las acogidas que se les asignen. La Comunitat Valenciana ya ha marcado una línea roja para estas acogidas, que figura como un punto obligado del pacto con Vox que permitiría aprobar los presupuestos regionales de este año.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también lanzó ayer el aviso de que recurrirá el acuerdo ante los tribunales y ante la Unión Europea, mientras desde otras regiones se han multiplicado las quejas por la falta de información y por la política de hechos consumados que sigue el Gobierno y se han adelantado ya los primeros recursos.

Se trata, sin duda, de una materia lo suficientemente importante para haber intentado un pacto de alcance estatal con el máximo consenso posible y con la dotación presupuestaria pertinente, que no obligue a las comunidades autónomas receptoras a afrontar con cargo a sus cuentas la atención a estas situaciones. No es de extrañar que esta cuestión se mire con desconfianza, por más que desde La Moncloa se garantice una «suficiencia financiera» de la que la mayoría recelan.

Pero lo que más desconfianza genera es el mercadeo con un partido político de deriva xenófoba de una cuestión que es de derechos humanos y que afecta al conjunto del Estado. Una materia sensible, que necesita de decisiones responsables.