De forma imprevista, la sucesión de Pere Aragonés por Salvador Illa al frente de la Generalitat se ha cumplido conforme a los plazos previstos, gracias en buena medida a Carles Puigdemont que había manifestado su intención de dinamitar el calendario y forzar, en último extremo, la repetición electoral. Su huida facilitó la investidura de Illa en la primera sesión del Parlament prevista para ello, la toma de posesión del nuevo presidente se realizó sin problemas el sábado y durante el domingo se confirmaban los integrantes del Govern que el lunes tomaban posesión de sus cargos y el martes comenzaban a ejercer sus funciones.
Se ha realizado un traspaso de poderes sin ningún tipo de tensiones porque los consellers sustituidos pasan a engrosar el soporte político que necesita Salvador Illa para sacar adelante sus proyectos, porque algunos de los nuevos proceden de la órbita de ERC, y porque entre los elegidos se encuentran políticos de prestigio en sus áreas de responsabilidad que ahora tendrán que demostrar que toda la acción de gobierno se encaminará a resolver los problemas de los ciudadanos, dejando en un segundo término las cuestiones relacionadas con la soberanía, pero no aquellas que suponen un fortalecimiento de la identidad catalana, en especial la lengua.
A la velocidad que se producen los hechos políticos es probable que Illa no disponga de los olvidados cien días de gracia para hacerse cargo de la situación y que ERC quiera desde el primer momento avanzar en lo mollar del acuerdo de investidura, la implantación de la soberanía fiscal, una financiación singular tan difícil de desarrollar en lo económico como causa de un debate político a todos los niveles incluidas las bases y los barones socialistas, pendientes de recibir las explicaciones necesarias sobre una iniciativa manifiestamente insolidaria. A Salvador Illa le toca hacer realidad los compromisos electorales. La oposición desnortada de Junts -después de la espantada de Carles Puigdemont-, que tendrá que recomponer prestigio y liderazgos, y una ERC cautiva de su pacto, de su debilidad electoral y de su propio debate interno para elegir su nueva dirección, pueden facilitar su acción de gobierno.
Salvador Illa tendrá que dar pasos para certificar que, en efecto, el `procés´ es cosa del pasado, que quienes le consideran un quintacolumnista del soberanismo yerran en su apreciación y que todo su Govern se pone manos a la obra desde el primer momento para fortalecer los servicios públicos, -educación, sanidad, transportes, vivienda- como palanca para sacar a Cataluña de la ensoñación independentista derrotada en las urnas. Los nuevos consellers que han tomado posesión lo hacen con más pronunciamientos a favor que en contra por su currículo precedente.
Que Illa haya hablado de la nación catalana en la toma de posesión de los consellers no debiera sorprender a nadie. El Estatuto de Cataluña "cepillado" en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, recoge que "la Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad". En definitiva, una nación cultural con sentimiento de identidad colectiva, pero no una nación política, que es lo que pretenden conseguir los independentistas mediante un imposible referéndum de autodeterminación.