En un momento de recaudación récord en España, y en medio de las negociaciones del Gobierno con sus socios para aprobar los Presupuestos Generales de 2025, el Ejecutivo mantiene su idea de seguir subiendo la presión fiscal especialmente a los colectivos más solventes, a las rentas del capital, a los vehículos más contaminantes, a las firmas energéticas, así como también a las entidades bancarias con el objetivo de cumplir con las reglas fiscales europeas y con la reforma tributaria que le exige Bruselas para acceder al quinto desembolso de los fondos Next Generation. 

 En este contexto, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deslizaron esta semana en el Congreso de los Diputados que la cifra en la que se situaría ese alza impositiva podría ascender a 60.000 millones de euros para equiparar la brecha actual de cuatro puntos porcentuales del PIB que hay a día de hoy entre la presión fiscal española y la media comunitaria.

 Se trata de una reforma que podría incluirse en el Plan Fiscal Estructural al que obligan las nuevas reglas tributarias que el Ejecutivo debe remitir a Bruselas el próximo martes, ante la exigencia de la UE de reconducir los excesos de deuda pública y déficit que arrastra el Estado.

Sánchez anunció, además, que el Gobierno va a presentar próximamente un «Plan Fiscal Estructural para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea» en el que van a figurar «compromisos de responsabilidad del gasto», así como también «nuevas inversiones» para el futuro cercano, pero sin la necesidad de aplicar «recortes».

Así, el presidente apostilló que «España tiene hoy cuatro puntos menos que la media europea de presión fiscal», lo que no le impide cumplir con los objetivos de gasto como ha demostrado ya al salir del procedimiento de déficit excesivo en el que llevaba inmerso más de una década «gracias a la política económica y social de este Gobierno».

Mientras, la titular de Hacienda insistió en los cuatro puntos menos de presión fiscal con Europa, según la previsión del PIB que ha realizado el INE, y subrayó que «Bruselas exige al Gobierno de España una reforma fiscal que le permita ponerse al menos simétrico» con la media comunitaria en esta materia.

Finalmente, hay que señalar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recordó que el ajuste que calcula para que el Ejecutivo pueda cumplir con las reglas de gasto que exige la UE a España ronda los 39.000 millones.