El periodista José Antonio Zarzalejos recuerda que el artículo 115 de la Constitución permite que el presidente de gobierno puede disolver el Senado y convocar elecciones solo para elegir una nueva Cámara Alta.
Recuerden: en el Senado actual el PP cuenta con mayoría absoluta, pero todas las iniciativas aprobadas que afectan negativamente al gobierno han sido torpeadas por la Mesa que preside servilmente Francine Armengol, cuya prioridad es ejercer como la mejor escudera del presidente.
Retrasa plenos a conveniencia de Moncloa o busca la forma de no agendar decretos que el gobierno teme perder. En los últimos 50 años nunca se han vivido situaciones tan antidemocráticas. En infinitas ocasiones en las que ante anuncios de los socios de gobierno de decretos disparatados y operaciones inaceptables, se recurría al "esto no va a suceder en ningún caso" porque contravenía reglas y leyes, sucedía. Para espanto de gran parte de los ciudadanos, Sánchez ha acabado aceptando todo, saltándose los modos imprescindibles de una democracia.
Desde mirar cobardemente hacia otro lado cuando un dictador latinoamericano se niega a asumir el resultado de unas elecciones que ha perdido estrepitosamente, a promover iniciativas y leyes minuciosamente redactadas para salvar a las personas que el gobierno quiere salvar. Familiares y colaboradores del presidente… o socios sin cuya colaboración y votos Pedro Sánchez no podría mantenerse en Moncloa.
Estos días, personas próximas a Pedro Sánchez se quejan. Se quejan mucho. Unos dicen que el presidente está inaguantable, que no hay día que no dé muestras de la acidez de su conocido mal genio. El caso Paiporta le ha afectado más de lo que se piensa, y el mal humor lo paga con sus colaboradores. Pero no da pena Pedro Sánchez. Es el culpable de que millones de españoles tengamos razones para que se nos haya exacerbado la visceralidad: legisla a conveniencia de familiares y amigos, trata a jueces y periodistas no afines como si fueran delincuentes, se salta los controles de las instituciones que tienen la función de controlar, desde el Consejo de Estado al Tribunal de Cuentas. Utiliza al Constitucional para neutralizar decisiones del Supremo que le son adversas, mantiene en el cargo a un Fiscal General incapaz de dar razón sobre las conversaciones que permiten sospechar que ha incurrido en ilegalidad, y que además ha borrado de forma sospechosa. Caso que ha provocado vergüenza en el ámbito fiscal, muy dividido ante un asunto que causa alarma y penaliza la imagen de sus profesionales.
El Gobierno de Sánchez ampara delincuentes, actúa contra quienes denuncian, legisla para castigar a quienes defienden la verdad e investigan los casos de corrupción sin tener en cuenta la ideología de los presuntos culpables. Ha dejado herida de muerte la libertad de expresión, promociona a los cercanos en lugar de hacerlo con los más capaces, se niega a dialogar con el principal partido de la oposición y utiliza su poder, casi infinito, para desprestigiar a los adversarios políticos.
Este gobierno no acredita su respeto por la democracia. Solo pensarlo ya da miedo.