La Junta de Castilla y León trabaja con el objetivo de presentar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, pero recuerda que no tiene mayoría tras la ruptura del pacto con Vox y necesita el acuerdo en las Cortes para su aprobación.

En el primer Consejo de Gobierno después de las vacaciones estivales y ante el plazo que marca el Estatuto para la presentación de las cuentas autonómicas, el 15 de octubre, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, recordó que está la orden para su elaboración y se ha realizado un primer volcado, que coincidió con Vox en la Junta, según recoge Ical.

Fernández Carriedo manifestó que la Junta hará su trabajo, que es la elaboración del Presupuesto, pero subrayó que corresponde a las Cortes su aprobación, si bien precisó que aun no han iniciado el diálogo con los grupos para contar con su respaldo y, por tanto, "a día de hoy" no cuentan con la condición de una mayoría para que salgan adelante. 

"Queremos presentar un presupuesto que se apruebe y tenemos que dialogar, vamos a ver la disposición de los grupos", anotó el titular de Economía y Hacienda, aunque reconoció que aun no se han dirigido a la oposición, ampliada en este momento con Vox (13 escaños).

Así, el consejero portavoz se centró, en sus respuestas a los periodistas, en manifestar que las cuentas se elaboran pero sin "ignorar" que, aunque son el partido con más procuradores, no tienen la mayoría necesaria para que los Presupuestos del próximo ejercicio vean la luz. 

"Se trata de hacer unos presupuestos que puedan ser aprobados", zanjó, para subrayar que a día de hoy no tienen el apoyo para ser aprobados por lo que existe esa condición y tendrán que dirigirse a los grupos, aunque no aclaró si lo harán antes de ser aprobados por el Consejo de Gobierno o cuando lleguen a las Cortes. 

Ante la etapa sin su socio en la Junta, el portavoz insistió en que el Gobierno de coalición "funcionaba y era util" y remarcó que no fue el PP quien dio por "finalizado" el Ejecutivo con el partido de Juan García-Gallardo. Al respecto, reiteró que "respondía al interés general" y tenía una base parlamentaria para desarrollar el programa de investidura.