La Justicia arrancó este pasado jueves los motores de un nuevo curso. Un año en los tribunales que empieza lastrado por los problemas del pasado. Con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en descomposición, el órgano, que se eligió en 2013, debería haberse renovado en 2018 y el próximo 4 de diciembre podría batir récords, sumando un lustro con el mandato vigente y el mismo tiempo con él caducado.

En esta ocasión, la apertura del año judicial corrió a cargo del presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, quien por primera vez asumió el discurso del acto presidido por el Rey Felipe VI. Junto al magistrado intervino el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien en 2022 no pudo acudir a presentar la Memoria del Ministerio Público por haber dado positivo en Covid-19.

Fue Carlos Lesmes -aún presidente del CGPJ y del Supremo- quien dio el discurso inaugural de la apertura del año judicial 2022. Aquel día aprovechó su intervención para deslizar una amenaza de dimisión si PSOE y PP no se ponían de acuerdo para renovar el órgano. Minutos después, dejó patente la amenaza en declaraciones a la prensa y el 9 de octubre la cumplió.

La partida de Lesmes, que no tuvo éxito en cuanto a sus objetivos, provocó una bicefalia en el Poder Judicial. Los vocales del CGPJ se negaron a aceptar a Marín Castán, entonces vicepresidente interino del Alto Tribunal, como jefe del órgano de gobierno de los jueces, por lo que entronizaron a Rafael Mozo como su nuevo líder.

Desde entonces, un cargo que tradicionalmente debe desempeñar la misma persona se ha desdoblado y Marín Castán ha venido ejerciendo las funciones de presidente del Supremo, mientras que Mozo ha actuado en calidad de presidente suplente del CGPJ por ser su vocal de mayor edad.

La situación se agravó el 19 de julio por la jubilación de Mozo. Tras una nueva crisis suscitada por el debate sobre la «dedicación exclusiva» del presidente interino del CGPJ, finalmente Vicente Guilarte, el nuevo vocal de mayor edad, aceptó renunciar a sus trabajos como profesor y abogado para asumir el cargo.

Según fuentes del Poder Judicial, en el órgano confiaban en que fuera Guilarte quien diera el discurso de apertura del curso judicial, al ser la cabeza del CGPJ, por lo que el hecho de que esta tarea haya correspondido finalmente a Marín Castán podría abrir un nuevo frente.

En las ocasiones precedentes, esta intervención inaugural incidió en la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Año tras año, Lesmes subió el tono de sus palabras y envió mensajes cada vez más contundentes a los grupos parlamentarios responsables de llegar a un acuerdo para elegir a los vocales del CGPJ, que este septiembre cumplen cuatro años y nueve meses en funciones.

En este tiempo extra, el órgano de gobierno ha pasado de contar con 20 vocales y un presidente a tener solo 16 vocales, incluido su presidente interino. Ello porque en el camino ha sufrido las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Mozo, las dimisiones del propio Lesmes -con la intención de forzar el acuerdo político- y de Concepción Sáez, así como el fallecimiento de Victoria Cinto.

Sin nombramientos

Por si fuera poco, desde finales de 2018 el Poder judicial también ha visto reducidas sus funciones toda vez que en 2021 las Cortes aprobaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones.

El pasado verano, ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo y las dudas legales de una eventual renovación del Constitucional sin los candidatos del CGPJ, salió adelante una proposición de ley que impulsaba una reforma legal exprés para devolver al órgano de gobierno de los jueces en funciones su capacidad de hacer nombramientos, pero solo para designar a sus dos candidatos a la Corte de Garantías.

Así, el CGPJ sigue sin poder hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, con el caso sangrante del Supremo, que acumula ya unas 22 vacantes y bajas en todas sus Salas: dos en la de lo Civil, una en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, seis en la de lo Social y dos en la de lo Militar -que el pasado día 7 sumó una tercera baja-.

Asuntos en cartera

El Alto Tribunal continúa con su carga habitual de trabajo e intenta hacer frente con las vacantes acumuladas. Según un informe del Gabinete Técnico del Supremo, solo con las bajas en dos de sus salas se dictarán en el año 2023 un total de 1.230 sentencias menos -570 en Contencioso y 660 en Social-.

Entre los asuntos que tiene pendiente resolver el Supremo destacan las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín. El juez instructor del procés, Pablo Llarena, ya advirtió el pasado mes de julio que no resolverá al respecto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos pueden presentar para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.

Al margen, está previsto que el próximo 15 de noviembre la Sala de lo Penal celebre una vista para abordar el recurso de los condenados por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña.

Se espera también la deliberación y fallo sobre el recurso que presentó una funcionaria de Policía condenada en el juicio que se celebró contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012.

Y está pendiente, a su vez, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncie sobre la idoneidad del indulto concedido por el Gobierno al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras en 2021.

Pendientes del Constitucional

Votos nulos en Madrid

El Constitucional admitió a trámite el pasado martes el recurso que presentó el PSOE contra la decisión del Supremo de desestimar su petición de revisar unos 30.000 votos nulos de las generales del pasado 23 de julio en la provincia de Madrid y de anular la proclamación del dirigente del PP Carlos García Adanero como diputado electo. Según informó la Corte de Garantías, la Sala Segunda -de mayoría progresista- adoptó la decisión por cuatro votos a favor y dos en contra -los de los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa-. Fuentes jurídicas explican que el Constitucional tiene previsto resolver sobre el fondo de este recurso la semana que viene, por lo que el asunto será añadido próximamente al orden del día.

Puigdemont

Asimismo, se prevé que este septiembre el Pleno de la Corte de Garantías -de mayoría progresista- reciba el recurso de la Fiscalía contra la decisión de la mayoría conservadora de la Sala de Vacaciones de inadmitir el recurso de amparo que presentó Carles Puigdemont contra la orden nacional de detención dictada por el Supremo. Fuentes fiscales confirmaron el pasado agosto que el Ministerio Público presentaría un recurso de súplica al entender que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones a resolver la petición de suspender la orden de detención nacional que se dictó sobre el expresidente catalán. Desde la Fiscalía consideran que no era un asunto que requiriese resolución fuera del Pleno.

'Caso ERE'

A su vez, el Constitucional tiene pendiente resolver sobre los recursos presentados por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el caso ERE. Aunque en un principio estaba previsto que abordara el asunto antes de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, finalmente el tribunal aplicó la norma no escrita de no pronunciarse sobre asuntos políticos durante las contiendas electorales. La Corte de Garantías dio entrada a los recursos al considerar que no se podía descartar la «verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes», pero rechazó suspender de forma cautelar los ingresos en prisión.

Alberto Rodríguez

En la lista de pendientes destaca también Alberto Rodríguez, quien lleva desde enero de 2022 a la espera de que el Cosntitucional conteste a una medida cautelar que planteó al tiempo que pidió amparo con la intención de que se le devolviera el acta de diputado. Rodríguez impugnó la decisión de la presidenta del Congreso de retirarle el escaño después de que el Supremo le condenara por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife). Se prevé que el Tribunal de Garantías se pronuncie en este curso judicial.

Teresa Rodríguez

De igual forma, está pendiente que se resuelva el recurso de la exportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y otros ocho exdiputados por su expulsión en 2020 del grupo parlamentario en la asamblea andaluza. Estaba previsto que se abordara para una «primera deliberación» en julio, pero se pospuso por el 23-J. Las expulsiones se acordaron a instancias de Podemos, al entender que habían incurrido en transfuguismo por haberse desligado del partido morado, al que representaban cuando fueron incluidos en la candidatura de Adelante Andalucía para las autonómicas de 2018.

Competencias del CGPJ

Asimismo, la Corte de Garantías deberá resolver en este nuevo año judicial que acaba de empezar el recurso de inconstitucionalidad que presentó Vox en abril de 2021 contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prohíbe que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en situación de interinidad -como el actual, que está en funciones desde diciembre de 2018- hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Estaba previsto que este asunto fuera a Pleno el pasado mes de junio, una vez superados los comicios del 28 de mayo, pero el adelanto electoral de las generales al 23 de julio trastocó los planes del tribunal, que no los estudiará hasta al menos este septiembre. 

El fallo del TEDH

También se prevé que la Sala Primera del Constitucional estudie los efectos del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativo a los seis candidatos al CGPJ cuyos derechos declaró vulnerados. Aunque en julio abordó la cuestión en una primera toma de contacto, no alcanzó decisión alguna a la espera de «una reflexión más profunda». Estrasburgo estableció que estos seis aspirantes, avalados por la Asociación Judicial Francisco Vitoria, vieron vulnerados sus derechos porque no se les permitió participar en tiempo y forma en el proceso de renovación del Poder Judicial, lanzando un reproche directo a la Corte de Garantías por no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por ellos en octubre de 2020. 

Impuesto sobre las grandes fortunas

El Tribunal tiene sobre la mesa, además, otros asuntos de calado económico, entre los que destacan los recursos presentados por los Gobiernos de Madrid, Galicia y Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas  -que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros-. Dichas comunidades alegaron que, con la creación de este nuevo tributo, el Estado estaba invadiendo sus competencias. El Constitucional, de momento, solo se ha pronunciado para denegar las peticiones de estas autonomías de suspender de forma cautelar dicho impuesto.