El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, pone en el punto de mira a las ONG Accem y Cruz Roja como «colaboradores necesarios» para la llegada de inmigrantes ilegales a España con el resultado «de una creciente y alarmante inseguridad». Un extremo ante el que el número dos autonómico anunció ayer que revisará todos los acuerdos y convenios suscritos con estas entidades sociales para «impedir que desde aquí estemos colaborando con el tráfico de personas». Sin llegar a concretar hasta donde llegarán estas revisiones o que consecuencias tendrán, García-Gallardo denunció que estas ONGs «bajo una apariencia de solidaridad» están participando de la «industria lucrativa» del tráfico ilegal de personas y ayudando a los 'sin papeles' a «esquivar la ley de Extranjería de España». «Están contribuyendo a que quienes vienen de manera ilegal a España, en pateras a las Islas Canarias, pero también a otros lugares, tengan una gestoría administrativa que les prepara todo el papeleo para esquivar la aplicación correcta y ordinaria de la ley».

El vicepresidente de la Junta explicó que la investigación de las subvenciones que perciben estas ONGs se realizará no solo en el ámbito autonómico, sino en el local y nacional. Unas declaraciones que realizó después de reunirse en las Cortes con representantes del sindicato Justicia Policial y Justicia Guardia Civil. «España no se puede convertir en el reformatorio de los jóvenes conflictivos del resto del mundo y esto es lo que parece», continuó García-Gallardo, que instó al resto de grupos a «involucrarse» para «acabar con el efecto llamada y aplastar a la industria ilegal del tráfico de personas».

Al igual que a las ONGs, el vicepresidente regional acusó al Gobierno de España de «aliarse con nuestros enemigos internos y externos». «Solo el tres por ciento de las personas que acceden de forma ilegal a territorio nacional son expulsados, donde la media de la resolución de los expedientes de asilo es de dos años». No obstante, García-Gallardo dejó claro que Castilla y León ha sido siempre una autonomía de acogida, pero de «aquellos que quieren venir a integrarse, a trabajar y levantar una Comunidad, entre todos, mucho mejor», informa Ical. Razón por la que recalcó que es «inaceptable» que algunas organizaciones obtengan un «lucro muy grande a través de subvenciones millonarias para estar colaborando con el tráfico ilegal de personas».

«No queremos que el barrio de Gamonal (en Burgos) acabe como San Denis en Francia o que, por ejemplo, el barrio de Las Delicias (en Valladolid) acabe como Molenbeek en Bruselas, y vemos que por desgracia en Castilla y león cada vez se ve más machetazos, más agresiones sexuales». García-Gallardo aseguró que el seis por ciento que supone la población extranjera comete el quince por ciento de los crímenes.

Por último, criticó la «falta de medios y la desprotección jurídica» que presentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que según él, se encuentran en una situación «muy precaria», y anunció que se realizará un requerimiento desde la Consejería de Industria para tratar de paliar esta situación en materia de prevención de riesgos laborales.