La Policía Nacional ha desarticulado un grupo presuntamente dedicado a la falsificación de documentos para obtener tarjetas de residentes comunitarios.

La actividad del grupo consistía en la elaboración de certificados de empadronamiento municipal falsos, con los que elaboraban el resto de documentación necesaria para la obtención de la citada tarjeta de residente.

Fuentes policiales han informado de  que los autores, seis personas que han sido detenidas, cobraban 150 euros a cada solicitante por la documentación obtenida por medios fraudulentos. 

La investigación se inició el pasado 9 de octubre a raíz de la comunicación efectuada por la Oficina de Extranjeros de Segovia, donde se había comprobado la presentación de certificados de empadronamiento municipal presuntamente falsos por parte de ciudadanos extranjeros.

El certificado de empadronamiento en la provincia donde se solicita la tarjeta de residente comunitario es una documentación necesaria, entre otras, para la obtención de la misma.

La Policía Nacional procedió entonces a comprobar los padrones municipales de los ayuntamientos que obraban en los documentos presentados. El resultado de esas pesquisas es que los solicitantes no residían en las direcciones de empadronamiento que figuraban en los certificados presentados.

A continuación procedió a realizar un estudio y análisis en profundidad de la toda la documentación presentada, comprobando que en todos y cada uno de los documentos figuraba la dirección de empadronamiento que no se correspodía con el domicilio real. Fruto de la investigación, obtuvo además un certificado de empadronamiento original para su cotejo, documento base que era utilizado para la obtención posterior de los documentos falsos presentados.

Estas líneas de investigación documental, junto a otras de carácter operativo llevadas a cabo, han dado como resultado el esclarecimiento completo de los hechos delictivos, la identificación de sus autores y la detención de las seis personas acusadas de falsificación documental.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia y el atestado policial elaborado ha sido remitido al Juzgado Decano de Segovia.