El complejo momento geopolítico y económico actual, con los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, está cambiando las leyes del mercado a una velocidad sin precedentes y obligando tanto a los países como a sus empresas y ciudadanos a adaptarse a unos cambios inimaginables hace tan solo unos meses.

 El tiempo dirá si las cosas irán a mejor o a peor, seguro que dependerá, como ya se ha demostrado en otros momentos críticos de la historia, de la facultad de adaptación y la flexibilidad de todos a la nueva realidad que se impone sin que nadie anticipara este escenario.

En una reciente entrevista a José Bogás, el consejero delegado de Endesa reflexionaba respecto a cómo está viviendo el tejido productivo español la realidad económica española marcada por una alta fiscalidad que frena el crecimiento de las empresas, asegurando que «en este momento crítico no es tiempo de impuestos, sino de inversiones».

 En este sentido, apostillaba que el dinero que dedicamos a los impuestos son unos recursos valiosísimos que se detraen de las inversiones y, por tanto, que merman la economía y, especialmente, el Producto Interior Bruto (PIB) del país.

La cuestión de esta realidad es la eficiencia en la gestión. En los últimos siete años, la Agencia Tributaria ha marcado un máximo histórico en recaudación en concepto de impuestos, pero la gestión deja muchas lagunas, empezando por explicar cómo es posible que en este tiempo la deuda pública se haya disparado en más de 400.000 millones de euros y marque un récord sin precedentes de 1,6 billones de euros.

Los economistas destacan que las grandes empresas son las  que mayor solvencia presentan a la hora de hacer frente a los gravámenes del Estado y, a pesar de todo, denuncian que lo que pagan a Hacienda se lo restan tanto a las inversiones que podrían plantearse en el medio plazo para mejorar su expansión como a los inversores en concepto de dividendos. Un fenómeno que hace que sus accionistas se fijen en mercados internacionales más rentables, incluso apostando por empresas españolas que tributan en el extranjero.

En este sentido, grandes corporaciones consideran que si la presión fiscal bajara en sus balances, no solamente reducirían su deuda y mejorarían su fiscalidad, ahorrando en intereses, sino que aumentarían su capacidad de inversión y mejorarían los beneficios a los inversores. 

Por su parte,  las pymes y los autónomos denuncian que la presión fiscal española les impide, en una buena parte de las ocasiones, decidirse a contratar personal, invertir en recursos tecnológicos o, por ejemplo, expandirse a otros mercados, puesto que van justos en su presupuesto mensual  de ingresos y gastos, y saben que entre todos los gravámenes que pagan por su actividad, las cuotas a la Seguridad Social y la amortización de los préstamos sus beneficios cada vez son más limitados.

Así, mientras en España el Gobierno prevé incrementos generales tributarios por valor de más de 4.500 millones de euros, o de 3.300 millones en el impuesto de Sociedades para compensar el fin de la tasa energética, en Portugal, el pasado año, se aprobaron cinco rebajas fiscales, reduciendo el tipo base de Sociedades y bonificando el IRPF para los jóvenes.

El gran reto que plantea el tejido productivo es contar con un mejor marco en el que se tengan en cuenta los beneficios que se pueden plantear en sus negocios a la hora de afrontar nuevas inversiones y, además, defienden la importancia  de que tanto la regulación, como la fiscalidad y los impuestos sean una realidad atractiva para ellos.

Eficiencia

De la misma forma que los empresarios tratan de minimizar costes y mejorar su gestión para ser más eficientes, los expertos plantean que estos mismos parámetros sean la norma habitual de las administraciones públicas.

En esta línea, sostienen los expertos que España debe aprovechar el buen momento de crecimiento que está registrando en los últimos años para reducir la alta deuda pública como su mayor desafío y, en segundo lugar, destinando los recursos a actividades que generen empleo y riqueza, sin olvidar las políticas sociales que deben ser prioritarias pero sin exprimir las mejores fuentes de ingresos.