Una pareja a la que estafaron llega a juicio tras 20 años

Nacho Sáez
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La acusación particular solicita para el único procesado una pena cuatro años de cárcel e indemnizaciones de cerca de 70.000 euros.

El acusado, M. R. (de espaldas, a la derecha), el martes durante el juicio. - Foto: N. S.

Un hombre se enfrenta a cuatro años de prisión y al pago de una indemnización de cerca de 70.000 euros por estafar supuestamente a una pareja que le encargó la construcción de una vivienda con guardería en Palazuelos de Eresma en 2004. El juicio se ha celebrado este martes, 20 años después de que las víctimas lo denunciaran. M. R. estuvo en paradero desconocido desde 2004 a 2013, año en el que volvió a desaparecer hasta que fue localizado el año pasado. En su declaración en la vista oral, el acusado ha esgrimido que el contrato que firmó con la pareja estipulaba que la obra de la "estructura de hierro" no sería ejecutada por él y ha asegurado que él subcontrató esa parte por 30.000 euros, aunque no ha aportado ningún que lo justifique.

"Mi pareja se sentía culpable y lloraba día y noche", ha relatado emocionada una de las presuntas víctimas. La casa-guardería era su proyecto de vida. Tenían 24 años y se querían ir a vivir juntos haciendo realidad a la vez sus sueños profesionales. Ella aportaba la parcela y él, sus ahorros y la ayuda económica también de su familia. Sin embargo, todo se convirtió en una pesadilla. Los primeros constructores con los que contactaron les daban de plazo dos años para empezar y el que sí que les atendió los engañó supuestamente hasta hacerles perder casi la mitad del dinero que habían ahorrado para afrontar todos los gastos.

"Le conocimos a través del jefe de mi pareja", continuó explicando ella en su declaración. Se reunieron con él en varias ocasiones, vieron la parcela, alcanzaron un acuerdo y firmaron el contrato. Un acto este último en el que incluso estuvieron presentes sus familias. "Pero llegó el día en el que tenía que comenzar la obra, allí no había nadie y le llamábamos por teléfono y no nos lo cogía", relató.

Junto a la persona que les había presentado a M. R. se presentaron en su domicilio en Valdemoro (Madrid), pero tampoco le encontraron. "Enseguida supimos que nos habían estafado. Desde la firma del contrato no volvimos a saber nada de M. ni de nuestro dinero", remarcó. Afortunadamente aquella adversidad sacó lo mejor de las personas que tenían alrededor. "Teníamos 24 años, vivíamos cada uno en casa de nuestros padres y la familia dijo que íbamos a salir adelante como fuera. Constituyó una empresa de albañilería para construir la guardería haciendo cada uno lo que sabía. Uno la fontanería, otro la electricidad… En aquel momento, como nos habíamos quedado sin dinero, solo pudimos hacer la guardería, que abrió en 2005, pero nos casamos y en 2007 hicimos la casa", remachó en el juicio la víctima.

Su marido y ella reclaman al acusado el pago de una indemnización de 12.000 euros por daños morales, además de una pena de cuatro años de prisión, una multa de nueve meses y la devolución de los 56.697,20 euros que le pagaron a través de una transferencia bancaria. Esta cantidad correspondía al 40 por ciento del coste de la obra y el acusado la iba a utilizar supuestamente para comprar materiales. Otro 30 por ciento lo iban a abonar en el transcurso de los trabajos, y el resto, al final hasta alcanzar 144.243 euros.

M. R. se ha definido en el juicio como "un autónomo que hacía obras". Lejos de admitir su culpa, responsabilizó a un primo de la persona que le presentó a la pareja, quien se iba a encargar de hacer las estructuras y los encofrados. Incluso asegura que le entregó 30.000 euros por ese motivo. Sin embargo no ha aportado ningún justificante del pago ni tampoco ha sabido explicar por qué no se volvió a poner en contacto con las víctimas. Ni siquiera conoce, apuntó, a esa persona responsable de ejecutar las estructuras según su versión.

Las víctimas consideran que M. R. es el único culpable de la estafa y no llamaron a declarar a la persona que les presentó. Una acusación que apoya la Fiscalía Provincial de Segovia, que solicita para el acusado una pena de tres años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros. La defensa ha solicitado la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas al final de un juicio para el que ha habido que esperar dos décadas.