Como suele suceder con la mayoría de las disposiciones públicas, no todo es blanco o negro, ya que la gama de grises es tan variopinta como la vida misma. Y esto pasa precisamente con la decisión de retirar o atrasar la retirada del uso de las mascarillas en determinados espacios. El Gobierno rectificó a última hora cuando este martes tenía previsto aprobar el fin de su obligatoriedad, lo que indica que, más allá de los trámites pertinentes, hay todavía una falta de consenso sobre qué sería lo más sensato al respecto después de tres largos años.

Lo que resulta indiscutible es que la mascarilla ha venido para quedarse y nadie percibe ya a quien la porta como un bicho raro. Todo lo contrario, quien la usa aun en lugares libres de este tipo de elemento es percibido como alguien responsable y solidario y no como una persona obsesiva. Ciertamente, el triste episodio vivido a partir de marzo de 2020 con la pandemia y el confinamiento, y que esperemos no vuelva a repetirse, ha normalizado un atuendo que tiene su clara finalidad: preservar la salud y frenar la trasmisión de virus.

Tampoco nos vamos a llevar a engaño. La decisión en vísperas de las elecciones del 23-J sobre la retirada o mantenimiento de su uso obligatorio en espacios concretos es tan delicada como su probable impacto entre la ciudadanía. Así que el manual aconsejaba guardar bajo llave todo aquello que pudiera suscitar controversia social. Y dicho y hecho.

Parece lógico en todo caso que su uso obligatorio siga más tiempo en aquellos lugares de cuidado, estancia o visita de enfermos, urgencias y espacios de gran densidad relacionados con la salud. Pero bien distinto es, por ejemplo, en las farmacias, donde el tiempo de estancia es escaso.

La ecuanimidad es también una regla esencial en las decisiones públicas y más si abordamos cuestiones de índole sanitaria. No tiene sentido alguno certificar 17 normas diferentes (una por comunidad autónoma) ni adoptar medidas arbitrarias sin el consenso y la participación de expertos y profesionales de la salud.

Esperemos que la política en este asunto no trate de arreglar lo que no está estropeado ni incline la balanza en función de otros intereses espurios y ajenos a la cordura sanitaria.