Las solicitudes de asilo (protección  internacional) se han disparado en los últimos años en Segovia, especialmente a partir del inicio de la Guerra de Ucrania en febrero de 2022, que supuso un antes y un después. Desde Accem y Cruz Roja, las principales organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados en la provincia dentro del Programa de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tuvieron que hacer un importante esfuerzo de acogida en ese momento y, en los siguientes años, las personas atendidas se cuentan ya por millares.

Daniel Duque, coordinador de Accem en Castilla y León, explica que desde 2021 esta entidad ha atendido solo en Segovia en torno a 3.000 personas, partiendo de 536 ese año para pasar a más de 1.000 en 2022, una cifra similar el año pasado y cerca de 600 este 2024 hasta octubre, con la previsión de que a final de año se aproxime también al millar.

«La subida exponencial de 2022 tuvo que ver con el conflicto de Ucrania cuando la sociedad civil dio también un paso al frente y acogió a un montón de personas y, en nuestro caso, habilitamos espacios para poder atenderlas. Ese conflicto sigue y cada vez hay otros más o menos cercanos. Por eso, desgraciadamente, el número de solicitudes de protección internacional aumenta», explica Duque, quien indica que a eso hay que sumar la difícil situación política en países hispanoamericanos como Venezuela, Colombia y Honduras, pero también africanos como Mali, en guerra civil desde hace ya más de una década, que en los últimos meses se ha reavivado.

Segovia, con 225, es la provincia de Castilla y León con más ciudadanos de Mali con permiso de residencia en vigor. - Foto: Fuente: OPI

Por su parte, Jennifer Peñas, responsable de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional en Cruz Roja Segovia, informa de que en la provincia comenzaron este programa estatal en el año 2016 con una docena de plazas y en 2022, cuando estalla la Guerra de Ucrania, contaba aproximadamente con 40 plazas y fue entonces cuando «se pusieron en marcha recursos de emergencia, en dos pueblos de la provincia, con más de 300 plazas, 300 personas a las que llegamos a atender al mismo tiempo aunque fueron muchas más porque iban entrando y saliendo. Cuando se pasó esa situación excepcional y se cerraron todas las plazas de emergencia, abrimos 100 plazas de acogida temporal, que sumadas a las 40 anteriores alcanzan en total 140».

Últimos datos. Los últimos datos publicados por el OPI (Observatorio Permanente de la Inmigración), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, indican que en la provincia, a 30 de junio de este año había 207 extranjeros en Segovia con autorización de residencia por protección internacional, cifra que multiplica por cuatro los datos prepandemia, ya que en diciembre de 2019 ascendían a 47. De esos más de dos centenares, 147 son hombres y 60 son mujeres. La mayoría, 172, están en edad laboral, entre los 16 y los 64 años.

Por nacionalidades, destacan 89 ciudadanos de Mali, 30 de Colombia, 25 de Honduras, 10 de Siria, 6 de El Salvador, 3 de Ucrania, 2 de Brasil, 1 de Ecuador, 1 de Nicaragua y 1 de Senegal, además de otros 38 de otras nacionalidades no recogidas en la estadística ministerial.

Taller de cocina para solicitantes de protección internacional en la provincia. - Foto: Cruz Roja Segovia

Por su parte, la estadística  de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior indica que este año, hasta octubre, el número de resoluciones de protección temporal asciende ya a 87, destacando las 22 del mes de febrero y las 16 de marzo, frente a 59 de todo el año pasado. En 2022, debido precisamente a la crisis de la Guerra de Ucrania, la cifra superó el medio millar (522), concentrándose sobre todo en marzo de ese año (219), abril (155) y mayo (89).

La normativa española de protección internacional la integran, principalmente, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria en materia de acogida, y un reglamento de 2022 que establece el sistema de acogida en materia de protección internacional. Los beneficiarios del programa estatal (tanto de protección internacional como los solicitantes o beneficiarios del estatuto de apátrida o de protección temporal), además de cumplir los requisitos de esta normativa, deben acreditar que carecen de medios económicos suficientes.

Por otra parte, el sistema de acogida está orientado a favorecer la adquisición gradual de autonomía de las personas destinatarias mediante un itinerario que se desarrolla en tres fases: valoración inicial y derivación, acogida y autonomía. En conjunto, la duración total del itinerario no debe superar los dieciocho meses, salvo en casos de vulnerabilidad excepcionales. En Segovia, Accem desarrolla las tres fases y Cruz Roja las dos últimas.

Uno de los principales recursos de Accem en Segovia es este antiguo hotel de la capital para alojar a solicitantes de protección internacional en una primera fase. - Foto: Rosa Blanco

Recursos en Segovia. Ambas entidades cuentan con amplios equipos multidisciplinales (orientadores, servicio jurídico, psicológico, formación para el empleo, aprendizaje del castellano en su caso, etc.), que han crecido a medida que lo hacía el número de personas atendidas. En Accem, son cerca de medio centenar incluyendo todos los recursos, entre ellos una residencia para la primera fase con aproximadamente 70 plazas situada en un antiguo hotel de la capital segoviana, en la carretera de Soria.

Cruz Roja, además, dispone de cerca de 80 voluntarios.

La responsable del programa de protección internacional en Segovia, Jennifer Peñas, incide en que el principal problema de integración para los refugiados en la fase de autonomía en Segovia es ahora mismo el alto precio y las condiciones del alquiler, sobre todo en la capital. 

Polémica en Burgos por las ayudas a Accem. Cientos de personas se concentraron el miércoles 13 en la capital burgalesa para mostrar su desacuerdo ante la decisión del Ayuntamiento de Burgos de retirar del proyecto de presupuestos para 2025 la ayuda a las ong que trabajan en la acogida de migrantes en la ciudad, entre ellas Accem, algunas de las cuales llevan recibiendo ese apoyo 25 años vía convenios.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, del PP,  dio  finalmente  marcha atrás en esa decisión por la respuesta trasversal de la ciudadanía, según sus propias palabras aunque ese mismo día había  dicho que no existía posibilidad de dar marcha atrás en la eliminación de estas ayudas y añadió que su partido "no va a traicionar" el concepto de "estabilidad" durante los cuatro años de mandato municipal, en relación al compromiso recogido en el pacto de gobierno con VOX en el Ayuntamiento firmado en junio del año pasado.

Las entidades afectadas han recibido el apoyo distintos colectivos y entidades como Cáritas Burgos, la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León y Unicef, que hizo referencia incluso a retirar a Burgos el título de Ciudad Amiga de la Infancia. 

Para los apátridas, más difícil. Las personas que no son reconocidas como nacionales de ningún estado son apátridas. En la provincia de Segovia hay al menos seis, cuatro hombres y dos mujeres, que son los que tienen permiso de residencia en vigor por el reconocimiento del estatuto de apátrida, según la estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a 30 de junio de este año. Según Acnur, cerca de 381.000 personas en la UE no tienen ninguna nacionalidad y más de 8.500 viven en España.

Un trabajo de periodismo de investigación realizado por Fundación Civio, dentro de la red europea de periodismo de datos (European Data Journalism Network) concluye que la situación de estas personas se resume en «no tener derechos», frase de la jefa de políticas e investigación en la Red Europea sobre la Apatridia (ENS por sus siglas en inglés), Nina Murray. 

Son un colectivo casi invisible en toda Europa y ni siquiera las entidades que trabajan con refugiados en Segovia mantienen contacto con ellos, o al menos sus responsables no tienen constancia de ello en este momento.

La investigación de Civio señala que en España la inmensa mayoría de apátridas son de origen saharaui, según informes del Ministerio de Interior. Los solicitantes del estatuto de apátrida tienen que presentar la solicitud ante la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), la Oficina de Extranjería o en una comisaría en el plazo de un mes desde su llegada al país, explicando los motivos por los que no tienen nacionalidad y facilitando documentos que puedan demostrarlo. Interior es el responsable de responder en un plazo de tres meses. Tras ello, si todo sale bien, tendrán una tarjeta que les acreditará como apátridas y permiso de residencia y trabajo.

Pero, en la práctica, es más difícil porque en la oficina de asilo no hay citas y porque el tiempo que tardan en resolver los expedientes es de uno a dos años, según Sidi Talebbuia, abogado de origen saharaui, quien indica que, a diferencia de los solicitantes del estatuto de refugiados, durante ese tiempo no tienen acceso a derechos. "Hay muchas personas que están en un limbo legal que supone trabajar en negro, no poder acceder a los servicios sociales, por ejemplo a la tarjeta sanitaria, según qué comunidad autónoma; y, aunque puedes estar en el país, si sales no tienes derecho a volver a entrar", añade.

Además, comenta que España está denegando el estatuto a personas saharauis procedentes de Mauritania en base a que este país les ha proporcionado un documento de viaje que considera una prueba de que son nacionales mauritanos.