Entidades aseguradoras, organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-Alimentarias de España han participado en las últimas fechas en los debates para la elaboración del nuevo Plan de Seguros Agrarios 2024 en un contexto marcado por la alta siniestralidad con nueva cifras récord y los ajustes de fondos para subvencionar primas. El seguro ha sido igualmente el tema a debatir en una jornada de COAG celebrada esta semana. Preocupa el futuro de esta herramienta fundamental para el sector.

Con unas 400.000 pólizas repartidas entre más de seis millones de hectáreas -la Superficie Agraria Útil es de 23 millones de hectáreas, de los que 17 corresponden a tierras de cultivo- y con un capital asegurado de más de 16.000 millones de euros, el seguro agrario lo ha sido casi todo en las cuatro últimas décadas en materia de política agraria.

Desde el punto de vista del sector, el seguro ha constituido un instrumento para garantizar en una serie de líneas unos ingresos que, al menos, cubrieran los costes de producción ante un siniestro con un precio contenido gracias a las subvenciones públicas a las primas. Desde una perspectiva política, el seguro ha sido en muchos casos una especie de carta de presentación de los gobiernos, de todos los gobiernos, sobre su gestión ante el campo. Pero, sobre todo, el seguro agrario ha sido un permanente motivo de diferencias y enfrentamientos entre las entidades aseguradoras y el sector agrario en el seno de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios del Ministerio de Agricultura, pero donde también tiene su sitio el Ministerio de Economía como guardián y vigilante de las políticas de los seguros y de sus fondos.

Los debates para la aprobación del nuevo Plan de Seguros Agrarios han estado marcados por la posición las entidades aseguradoras, a cuestas con los datos sobre siniestralidad en el último ejercicio, y, sobre todo, por su evolución en los últimos años. Desde la patronal de las aseguradoras, frente a las posiciones de quienes señalan que siempre hubo sequías, pedriscos, heladas o inundaciones, se recalca la existencia de un cambio climático que se refleja en la existencia de periodos más frecuentes de sequías, de fenómenos meteorológicos más violentos y la constatación de que esos fenómenos se pueden producir en meses que se podrían calificar como «fuera de temporada», provocando más daños en los cultivos.

De cara al nuevo Plan de Seguros Agrarios, las entidades aseguradoras han puesto sobre la mesa los datos sobre siniestralidad del último año seguidos de una batería de medidas para hacer frente a la nueva situación de riesgos y evitar así que sus resultados no coincidan con los que buscan sus accionistas. En este contexto, las empresas presentan un balance provisional de siniestralidad de casi 1.300 millones de euros frente a los 806 del ejercicio anterior y los 747 millones de 2021. Todo ello con unas primas por la suscripción de las pólizas que en 2020 y 2021 fueron ligeramente superiores a los datos sobre siniestralidad, pero que en 2023 ya se hallaron muy por debajo con solo 950 millones de euros, lo que obliga a tirar del Consorcio para ajustar resultados.

Con esos datos en la mano -siniestralidad por encima de los ingresos por primas, incluidas las subvenciones públicas-, el sector se halla ante la tesitura de que la Administración -no solo Agricultura- haga uso de los mecanismos de los que dispone para buscar una salida viable mediante el uso de más fondos para sostener un instrumento que, cuando le interesa al ejecutivo, es clave para la política agraria.

Desde las entidades aseguradoras, tirando por la calle del medio para ajustar resultados, la salida a la situación se afronta fundamentalmente a través del aumento global de primas en una medida del 14%, llegando al 25% en los cereales e incluso superando el 100% en otras producciones, según los datos manejados por el sector. En esa estrategia de las entidades se mantendrían las primas a los agricultores con baja siniestralidad y se recargarían fundamentalmente las de los agricultores que individualmente tengan una siniestralidad muy reiterada o para las zonas o territorios donde haya una alta siniestralidad.

A esas subidas diferenciadas de primas se suma el mantenimiento de la franquicia del 30% sobre los daños de un siniestro o la reducción de hasta un 50% del volumen de cosecha a asegurar frente a los datos de producción fijados en el pasado para una parcela. Con todo ello -limitación de producción a asegurar y la franquicia-, desde el sector se entiende que no quedaría producción para cubrir ante un riesgo.

Menos fondos.

De cara al nuevo Plan, la otra batalla del seguro agrario se ha centrado en el importe de las primas y en las disponibilidades de los fondos públicos para rebajar el coste de las mismas por parte del Ministerio de Agricultura. Ante el nuevo ejercicio, el presupuesto se quiere rebajar a 284 millones de euros frente a los 317 millones de euros dispuestos en un primer momento en 2022, pero a los que se sumaron otros 40 millones como una aportación extraordinaria para paliar los efectos de la guerra de Ucrania hasta los 358 millones de euros.

Al margen de la rebaja planteada para este ejercicio, cabe señalar que en los últimos años el seguro agrario ha sido una de las partidas más cuidadas en los presupuestos del Ministerio de Agricultura. Con la Administración socialista se ha pasado de poco más de 200 millones a las cifras actuales. Hoy se rema en dirección contraria. Por el contrario, no han crecido así las aportaciones globales provenientes de las comunidades autónomas, con menos de 80 millones y una política diferente en cada territorio.

Con las medidas de ajuste en las disponibilidades globales de fondos, una reducción de las subvenciones estimada en unos 10 puntos y primas más elevadas, el resultado se traduciría en un seguro más caro para todos, especialmente para los agricultores con siniestros más frecuentes o en zonas de alto riesgo. Ante este nuevo escenario de más primas y menos coberturas, muchos agricultores podrían optar por no asegurar y dejar superficies abandonadas con la consiguiente reducción de las producciones.

En este contexto, desde COAG, el responsable del sector, Pedro García, apuesta por la necesidad de llegar a un pacto de Estado al que, por su interés social, a las responsabilidades y competencias de Agricultura se sumen los compromisos de otros departamentos como Economía para tratar de salvar el seguro agrario desde posiciones de equilibrio y responsabilidad. Más fondos públicos para lograr una contratación económicamente viable y atractiva, un fondo para cubrir las indemnizaciones extraordinarias fuera del seguro habitual y otro fondo extraordinario creado por España y la UE para responder a los riesgos del cambio climático y sus efectos sobre la soberanía alimentaria.

A los agricultores les tocaría una mayor concienciación para mejorar y avanzar en técnicas de laboreo, elección de semillas o plantones, periodos de siembra, etc... más adecuados a las condiciones de cada territorio para reducir en parte la siniestralidad. Un pacto por el que también se trate de avanzar en la universalización del seguro para corregir los actuales desequilibrios que van desde la masiva contratación en herbáceos a la mínima en otros como el olivar.

Todo para lograr que al menos se mantenga una actividad aseguradora sobre esos más de seis millones de hectáreas y alrededor de unas 400.000 pólizas, en ajuste simplemente por el aumento del tamaño de las explotaciones.