Salvo sorpresas de última hora el Ayuntamiento de Segovia aprobará inicialmente la semana que viene, el día 9, el que será nuevamente un «presupuesto récord», como ya lo fue el de 2024, ya que superará los 81 millones de euros (el año pasado fueron 77), según fuentes municipales, más de 85 si se tiene en cuenta la incorporación de remanentes de Tesorería del año anterior. Su aprobación, después del revés que el gobierno municipal del PP sufrió en el pleno de diciembre, cuando toda la oposición rechazó la propuesta del equipo del alcalde, José Mazarías, será posible en este caso gracias a la abstención de la concejal de Ciudadanos.

Como se recordará, Noemí Otero y Mazarías firmaron el pasado fin de semana un acuerdo presupuestario con seis puntos que incluyen, entre otras cuestiones, la recuperación de la campaña de bonos comercio, aunque con tarjetas monedero, que previsiblemente se celebrará en otoño y contando en su gestión con asociaciones del sector, que aplaude la medida. El documento recoge, además, el compromiso de invertir este año un millón de euros en los polígonos industriales, 100.000 euros en señalización para mejorar la seguridad vial, 200.000 en subvenciones para actividades y proyectos culturales, 110.000 para las de organizaciones del tercer sector y un convenio específico con la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer (AFA) dotado con 25.000 euros.

El acuerdo entre ambas formaciones, resultado de negociaciones que se iniciaron hace seis meses pero que no fraguaron hasta finales de marzo, incluye por otra parte varias actuaciones que no implican cambios en el presupuesto de este año pero que el equipo del PP se compromete a llevar acabo, entre otras que ninguna feria o mercado se celebre a los pies del Acueducto. Este asunto ha generado un nuevo intercambio de acusaciones entre los populares y socialistas a raíz del anuncio que hizo la  portavoz de este último, Clara Martín, de que el Mercado Romano se celebrará este año en la avenida de Padre Claret, tal y como acordó el consejo de administración de la empresa municipal de turismo.

La primera teniente de alcalde y portavoz del PP, Rosalía Serrano, mantiene que Martín incurrió en deslealtad e incumplió Ley que obliga a guardar confidencialidad de los acuerdos adoptados en un consejo de administración. Sin embargo, la exalcaldesa socialista lo niega e informa de que una web especializada en mercados y ferias ya había publicado esa nueva ubicación del Mercado Romano el 27 de marzo, días antes de la celebración del consejo de administración. 

Por ello, Martín ha exigido al alcalde y a la portavoz del PP una  rectificación y disculpas públicas. «Desde el Grupo municipal Socialista no hemos cometido irregularidad alguna. Nos hemos limitado a dar la información que estaba ubicada en una página de consulta pública», ha recalcado, además de cuestionar esa publicación días antes del acuerdo que ha permitido prorrogar el contrato para mercados temáticos a este año.  

Otras actuaciones. Otros compromisos del gobierno municipal del PP con la formación naranja son la aprobación en el primer semestre de este año de la ordenanza que regulará las terrazas de hostelería, entre otras ocupaciones de la vía pública, el cumplimiento del Plan Anual Normativo, la reorganización de la Oficina de Urbanismo, la posible liquidación de Evisego (empresa municipal de vivienda y suelo) o su reconversión en medio propio del Ayuntamiento, la convocatoria de procedimientos selectivos para ajustar la plantilla a la Relación de Puestos de Trabajo y modificar el Reglamento Orgánico para, entre otras cosas, actualizar la composición de los grupos municipales.

Este último asunto está siendo motivo de discordia también entre PP y PSOE, ya que Martín interpretó – equivocadamente, según Mazarías – que el incremento de 37.500 euros en la partida destinada a gastos de los grupos políticos supondría tener grupo propio para la formación naranja y, por lo tanto, la disolución del Grupo Mixto, que ahora integra junto a Segovia en Marcha.

Por otro lado, las dos partes firmante del acuerdo presupuestario lo han explicado de forma distinta y por separado. Para Mazarías  el presupuesto que se debatirá en el pleno del próximo miércoles tiene «muy poquitas modificaciones o casi ninguna» respecto al presentado en diciembre y está convencido de que los puntos del acuerdo con Cs lo suscribe toda la oposición y, en consecuencia, cree que debería apoyarlo. 

Por su parte, Otero mantiene que su abstención se debe a un ejercicio de responsabilidad para facilitar la gobernabilidad y afirma que el documento beneficia al tejido económico y cultural y al tercer sector.

Eso sí, recalca que «no es una carta blanca» al PP, con cuya capacidad de gestión se muestra escéptica, y aclara que si no se cumple no habrá más oportunidades en este mandato corporativo.

Toda la oposición ha coincidido en el análisis de que el gobierno municipal tendrá pocos meses para ejecutar el presupuesto. El PSOE considera que será «prácticamente imposible», VOX, que no entiende «qué ha cambiado desde diciembre», desconfía igualmente de su ejecución y dice que «Mazarías va dando tumbos», mientras Izquierda Unida cuestiona el acuerdo porque «apenas hay cambios» respecto al proyecto de diciembre y para Segovia en Marcha parece «papel mojado antes de aprobarlo». 

Ante esas críticas, el alcalde dice que esos grupos políticos críticos "deberían ponerse ante el espejo y mirarse ellos mismos porque son los que han sometido a este bloqueo y a este retraso el presupuesto, los que nos han pedido desde el primer día que fuéramos dialogantes pero ninguno quería sentarse con nosotros por lo menos para hablar cuando menos de abstención".  

Mazaría asegura que en los primeros meses de este año, e incluso en la última parte final de 2024, en previsión de unos nuevos presupuestos, el gobierno municipal empezó a trabajar para adelantar el trabajo, de manera que, a pesar de las dificultades que admite en áreas como Urbanismo o Contratación, "cuando tengamos disponible el presupuesto, podremos ejecutarlo".

Añade que el periodo de ejecución será de al menos siete meses y no seis como han indicado desde alguna formación política.