La legalización de la prestación del servicio de abastecimiento de agua, depuración y alcantarillado en Cuéllar es un tema intenso de debate en los últimos once años. Todo este tiempo es el que lleva prestándose el servicio por parte de la empresa que hasta entonces lo tenía adjudicado, Aquona, pero sin contrato en vigor, ya que expiró en 2013. Ahora se retoma de nuevo el tema con varios aspectos de fondo, el primero de ellos la legalidad, el segundo poner fin a las distintas demandas de la empresa por la prestación irregular del servicio y regular en la medida de lo posible la calidad del mismo y los costes reales.

Para llevar a cabo todo en primer lugar se ha decidido qué es mejor para Cuéllar. Los responsables municipales plantearon la disyuntiba que fuera el Ayuntamiento quien preste el servicio directamente a los vecinos o bien que se siguiera realizando a través de la gestión privada omo se está haciendo hasta ahora. Así, hace varios meses el Consistorio contrató los servicios de una empresa especializada que ha realizado un estudio comparativo entre las dos opciones y quien en base a la gestión elegida realizará el pliego de condiciones y clausulas administrativas para sacar a licitación el servicio.

Esta semana en un pleno extraordinario, los grupos de PSOE e IU han votado a favor de que lo mejor para Cuéllar a tenor del estudio es una gestión indirecta, mientras que PP se ha abstenido en la votación. Cabe recordar que, en procesos electorales y mandatos anteriores, ambos grupos abogaban por una gestión directa por el Consistorio, pero ahora con el estudio y las cifras en la mano consideran lo contrario.

Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Tomás Marcos, la memoria valora los aspectos económicos y sociales. Por un lado, la gestión directa supone mayor cercanía y transparencia hacia los usuarios, mientras que la gestión indirecta tiene mayor facilidad a la hora de financiar inversiones, tener mejores recursos técnicos al tratarse de empresas especializadas en la materia y con los equipamientos y experiencia necesaria.

Si se miran los datos económicos, con los números aportados por la empresa respecto a 2023, los gastos e ingresos rondan el millón de euros, pero el concejal recuerda que como el contrato está caducado, Aquona ha reclamado en el juzgado que tiene más costes que los que se están abonando. No obstante, cada año sí se está pagando a mayores el IPC correspondiente que no se traslada al recibo de los usuarios. De hecho, el recibo del agua lleva sin subirse en Cuéllar desde abril de 2019, bajo el gobierno popular.

La memoria realiza una estimación de ingresos y gastos a 15 años que sería la duración del nuevo contrato, pero habla de hipótesis generales. A pesar de ello, se pueden tener en cuenta los datos para  el próximo 2025, que indica que en el caso de la gestión indirecta la empresa obtendría un beneficio de 1.750,50 euros mientras que en el caso del Ayuntamiento sería un déficit de 155 euros. Además, Marcos recuerda que los Consistorios no pueden hacer negocio con los servicios básicos tal y como indica la ley por lo que los cálculos a realizar serían mucho más estrictos. Por tanto, la gestión indirecta a través de una empresa se considera la más adecuada porque es más flexible y sostenible para el Ayuntamiento y la prestación del servicio

En cualquier caso, tanto la gestión directa como indirecta apuntan a que será necesario subir el precio del agua, aspecto que se determinará cuando se saque el pliego de condiciones para la nueva contratación. «Las cosas han cambiado, tenemos nueva depuradora que cuesta dinero, la potabilizadora también tiene más costes, el IPC no se ha repercutido al usuario… y habrá que hacer cuentas en el pliego de condiciones y estudiar cuanto se sube a los usuarios», apunta el edil.

Este es el primer paso para regularizar el servicio; algo que  ya se intentó en 2016 bajo el gobierno popular con la aprobación del expediente para la contratación del suministro de agua potable y depuración durante los próximos 15 años, pero finalmente con la realización de las obras de la nueva depuradora y potabilizadora no se llevó a cabo.

De este modo, se prefirió esperar a tener costes reales, pero cuando las obras estuvieron terminadas tampoco se actuó. Por ello PP y PSOE se echan las culpas unos a otros de quién han tenido más dejadez a la hora de regularizar el servicio. El PSOE e IU indican que los populares tuvieron tiempo desde antes de 2013 que sabían que cumplía el contrato hasta las elecciones de 2019 y ahora los populares recuerdan a los socialistas que llevan cinco años en el gobierno sin haber resuelto el problema.

Calificativos de «cara dura» y similares del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno, salieron a relucir en el debatedel pleno municipal  sobre esta situación irregular ha hecho que el Ayuntamiento de Cuellar «se ha gastado mucho dinero en el juzgado», recordaba la portavoz de IU. El portavoz socialista y concejal de Medio Ambiente pedía a los populares que «ante esta situación deberían callarse o quedarse de perfil», recordando que «es un marrón que dejaron guardado en un cajón» y que intentarán hacerlo lo mejor posible. Por su parte, el portavoz Popular, Daniel Martín, recordó las acusaciones que el actual alcalde y anterior concejal socialista en la oposición vertió contra el que fuera alcalde Popular tachándole de 'escapista' sobre el tema y recordó que en aquellos años no tenía sentido sacar el contrato del agua sin que la nueva estación depuradora de aguas hubiera entrado en funcionamiento.

El actual alcalde Carlos Fraile, también recordó las negociaciones de despacho que el PP llevó a cabo con la empresa para realizar distintas subidas sin tener el contrato en vigor y las calificó de caciquiles y colegueo. Asi mismo el regidor apuntó que los populares «tenían que haberse puesto a currar y sacar los contratos y hoy el Ayuntamiento hubiera tenido el contrato resuelto». No obstante Fraile se quedaba con la parte positiva de que la aprobación de realizar una gestión indirecta es el primer paso para desbloquear la situación de irregularidad con la intención de que en 2025 se pueda adjudicar el nuevo contrato. La aprobación de esta gestión indirecta servirá también como prueba documental en uno de los pleitos con la empresa Aquona para demostrar que el Ayuntamiento está trabajando en la regularización del servicio.