La polémica siempre ha perseguido al clan Martínez-Bordiú. Escándalos de maltrato, drogas, romances retransmitidos en directo por la prensa rosa… El último episodio conocido hasta la fecha salpica a la provincia de Segovia. Clotilde Martínez-Bordiú, sobrina de Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, y hermana del televisivo Pocholo, ha aceptado dos años de cárcel por haber empleado irregularmente y haber explotado laboralmente a cuatro trabajadores en una finca de su propiedad en Muñopedro. 

Admitió los hechos en el juicio celebrado el martes en la Audiencia Provincial de Segovia, en el que también se sentó en el banquillo de los acusados como cómplice el alcalde de Muñopedro, José Antonio Velasco Bravo (PSOE). Para este, la Fiscalía Provincial de Segovia solicita una pena de 21 meses de prisión al considerar que ejercía como encargado de la finca y de los trabajadores que prestaban servicios en ella.

Los hechos tuvieron lugar entre 2019 y 2021. Entre esos dos años Martínez-Bordiú empleó a dos matrimonios extranjeros en su finca de Muñopedro llamada Monte Acedos, donde posee tierras de cultivo –alrededor de 180 hectáreas– y un coto de caza. Según la Fiscalía, la empresaria sabía que esos trabajadores se encontraban en situación irregular en España –carecían de permiso de trabajo y de residencia– «y se aprovechó de sus circunstancias y de la necesidad imperiosa que tenían de trabajar para poder sobrevivir», según remarca el ministerio público.

Este también denuncia una situación de explotación laboral en esa finca. De acuerdo al escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía, trabajaban todos los días a la semana desde las siete de la mañana hasta la una del mediodía y desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche sin vacaciones ni descansos semanales. Por 900 euros que recibían en metálico ya que carecían de contrato y tampoco estaban dados de alta en la Seguridad Social.

Una de las víctimas declaró el martes en el juicio que él realizó tareas de mantenimiento de la finca desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2020. En una ocasión, contó, mientras realizaba labores de desbrozado en un cultivo de lavanda sufrió daños en un ojo y el supuesto encargado (el alcalde de Muñopedro) le pidió que no desvelara a los servicios sanitarios que la lesión se había producido trabajando. No fue el único episodio similar. En una actividad de tiro al pichón que se celebró en la finca se lesionó en la rodilla al abrir la jaula del animal.

Según su testimonio, reclamó sin éxito al encargado equipos de protección. «Necesitábamos el empleo. Estaba nuestro hijo y no teníamos otro sustento», subrayó en su declaración, a la que siguió la de su mujer. Esta se encargaba de la limpieza de la casa y de trabajos de jardinería. «Conmigo quien trataba era Clotilde, y con mi marido, José Antonio», aseguró en el juicio, en el que también denunció un posible despido improcedente: «Me despidieron porque me quedé embarazada».

La Fiscalía considera que esta misma situación pero entre agosto de 2020 y enero de 2021 la vivió también otro matrimonio extranjero. Este no declaró en el juicio al no haber conseguido los servicios judicialles localizarlo, pero la Audiencia Provincial reprodujo su declaración durante la fase de instrucción. Según una de esas víctimas, si se ponían enfermos se lo descontaban del sueldo y ella fue despedida por enfermar precisamente.

El 17 de febrero de 2020 la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo registraron la finca en el marco de una investigación que dirigió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, Clotilde Martínez-Bordiú reconoció los hechos y aceptó ser condenada a dos años de prisión que no tendrá que cumplir siempre que no vuelva a delinquir y a que abone la responsabilidad civil.

Esta ha sido fijada en varias indemnizaciones: 10.811 euros a cada uno de los miembros de uno de los matrimonios empleados irregularmente, 5.026 euros a cada de uno los integrantes del otro matrimonio, 9.130 euros a la Seguridad Social y otros 12.000 euros a las víctimas por los daños morales. Esta responsabilidad civil será abonada solidariamente, si es condenado, por el alcalde de Muñopedro, que no admitió su culpabilidad.

En su declaración, el regidor negó que ejerciera como encargado de la finca y aseguró que solo realizaba actividades agrícolas como autónomo para Clotilde Martínez-Bordiú y que desconocía la situación laboral en la que se encontraban los denunciantes, a los que ayudó a empadronarse en el municipio –a pesar de que carecían de permiso de residencia en España– pero a los que, según su versión, no marcaba el horario de trabajo ni pagaba su salario: «Cuando me pedían algo yo les decía que se lo dijeran a la jefa». El juicio ya ha quedado visto para sentencia.