El actual bloqueo de la gobernabilidad en España empieza a dar los primeros síntomas de preocupante deterioro. La soberanía nacional, que, no nos olvidemos, reside en el pueblo español, está varada; es decir, el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial prácticamente está en dique seco. Y este bloqueo no hace sino ratificar a España como uno de los países con una baja puntuación de su marco institucional, en lo relativo a los indicadores de gobernanza, relacionados en este caso con la calidad regulatoria o normativa y la seguridad jurídica o cumplimiento de la ley. Dos variables que están estrechamente unidas a la ecuación del desarrollo económico del país y a su nivel de PIB. Así lo pone de manifiesto la reciente encuesta del Banco Mundial, cuyos resultados colocan a España en el puesto 25 de una treintena de países en cuanto a calidad regulatoria se refiere y en el puesto 23, en materia de seguridad jurídica.
Estos datos constituyen la prueba del nueve de que la situación en España no está en línea con el promedio de la UE. Un retroceso que ha sido más acusado a partir del año 2018. Buen ejemplo de ello lo aporta la serie de reclamaciones a nuestro país por los pleitos a las renovables, que superan los 10.000 millones de euros, cantidad que no deja de crecer por el caso omiso que hace el Gobierno ante las sentencias dictadas por instancias internacionales de arbitraje. De hecho, esto nos coloca como el país con más demandas en las cortes de arbitraje tras Venezuela y Rusia, lo que ya es elocuente de por sí, y, lo que es peor, que las advertencias de embargo sobre patrimonios del Reino de España comienzan a sobrevolar. 
Todo lo anterior quizá esté algo alejado de las preocupaciones del ciudadano medio, pero, ojo, no deja de ser un indicador significativo del empeoramiento de la imagen de país en un contexto internacional vulnerable y causa de un amenazante desequilibrio de fuerzas en el cercano escenario europeo. 
Tampoco ayudan los datos del paro, el alza de los precios, la creciente deuda pública y una productividad a la baja. Y aunque la economía sube por el turismo y las exportaciones, no es suficiente para contrarrestar el excesivo gasto público en general y el coste de la industria política, en particular. 
Mientras todo eso sucede de forma inexorable, aquí nos encaminamos a un otoño caliente (con permiso sindical), en el que están en juego la credibilidad de las reglas democráticas, la convivencia y la igualdad de oportunidades entre todos los españoles, a quienes, como ya queda dicho, corresponde realmente la ostentación de la soberanía nacional y, dado el caso, la capacidad de romper con su voto todo bloqueo.