El debate de la quita de la deuda autonómica por parte del Estado ha evidenciado un problema que se venía arrastrando desde hace décadas. Desde que las regiones iniciaron la asunción de competencias en el primigenio Estado de las Autonomías con distintas velocidades, el debate de la financiación aflora en un momento crucial para el buen funcionamiento de las administraciones. A medida que los costes de los servicios públicos son cada vez mayores en educación, sanidad y bienestar social, las comunidades autónomas más extensas, como Castilla-La Mancha y Castilla y León con zonas en un profundo retroceso poblacional, sufren un agravio comparativo difícilmente soportable en próximas crisis, como la acaecida en 2008.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera reflejó la polarización y politización de una herramienta, el Estado de las Autonomías, que debería estar exenta de las batallas por el relato protagonizado estos días atrás. Porque el 'bocado' a la deuda generalizado no esconde otra cosa que el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Sánchez con sus socios independentistas. Los más de 83.000 millones de euros, que equivalen a adelgazar el 26% del endeudamiento de las 17 regiones, más los 7.000 millones de euros de ahorro de intereses, son una propuesta para no rechazarla, más allá de cuadrar deudas históricas. Los consejeros de Hacienda de las autonomías gobernadas del PP abandonaron el organismo en una decisión inédita y en parte inesperada con el pretexto de que la condonación no había sido presentada, analizada y discutida previamente. Con razón, el trasvase de esa deuda pasa al resto de españoles, pero libera a las haciendas autonómicas de utilizar esos recursos en otros menesteres más productivos para los ciudadanos. Por lo tanto, el portazo en el Consejo solo puede ser una imagen para la galería porque si finalmente es aprobada en el Congreso de los Diputados, la condonación es beneficiosa, aunque insuficiente. Y aquí es donde surge el debate realmente primordial: el modelo de financiación autonómico.
Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, envuelva la quita en una 'causa general' de todo el territorio, con dos autonomías claramente beneficiadas como son su Andalucía y Cataluña, la fórmula para subsanar el déficit del Estado con las regiones debería elaborarse de forma conjunta, sin prebendas, imposiciones y desde el interés general al particular y no desde Waterloo. Porque lo que se le pide y se espera de los dirigentes socialdemócratas es que cumplan con el principio de solidaridad entre territorios, en concreto, con las autonomías que necesitan de más recursos. De lo contrario, traicionarán su legado y a sus votantes.