Lo de la reforma que se ha inventado el Gobierno sobre el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial es, sin duda, una de las decisiones más graves por cuanto significa no ya de vulneración de la letra y el espíritu de la Constitución, sino por el desprecio a la separación de poderes y, por lo tanto, al propio Estado de Derecho. Pero con ser muy, muy importante, es solo uno de los problemas de la Justicia a los que el Gobierno y la oposición no dedican ni cinco minutos. Unos y otros quieren una justicia complaciente y no una Justicia independiente... en lo que les puede afectar. Lo de la Justicia para los ciudadanos les importa sensiblemente menos. Y no ahora, siempre. Como la Justicia no da votos, o no los daba, la han olvidado todos.

Nuestra justicia adolece de una falta de medios personales y materiales crónica. Tenemos la mitad de jueces y fiscales que la media europea o que los países similares al nuestro y las plazas que se cubren cada año son insuficientes. No hay más que ver algunos juzgados, demasiados, para comprobar que siguen en el siglo XIX y que el papel se sigue amontonando. Que se sigue funcionando como no lo haría ninguna empresa privada, pero tampoco como lo hace la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Eso sí que lo han querido modernizar los distintos Gobiernos. Y lo han hecho.

La política judicial se hace pensando en jueces y fiscales, especialmente los primeros. La hacen ellos, claro. El resto de los actores -no colaboradores, actores de la justicia- como los abogados o los procuradores son postergados por el Poder Judicial y por Gobierno y la oposición. De hecho, son de segunda división. La inútil habilitación del mes de agosto es la última muestra. Sólo se han quedado sin vacaciones los abogados o los procuradores. Y no se ha resuelto nada.

No puede funcionar una Justicia donde conviven más de diez sistemas informáticos que no se comunican entre sí ni son interoperables; donde hay un sistema, como Lexnet, que apenas es un correo electrónico ilustrado; y donde muchos juzgados reciben telemáticamente las demandas y, luego, las imprimen en papel; un sistema en el que jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios dependen de tres Administraciones diferentes: el Ministerio de Justicia, las diferentes autonomías y el Consejo General del Poder Judicial. Unos les pagan, otros les controlan y otros les premian o castigan.

La lentitud es exasperante. En el señalamiento de los juicios, en su celebración y en las sentencias. Y no necesariamente por la carga de trabajo, sino por la mala organización. Hay juzgados sobrecargados de trabajo y otros que pueden estar casi mano sobre mano. Cada año, el número de casos que entran y los que se resuelven son, prácticamente, los mismos.

El problema es que hay una bolsa de más de dos millones de "casos pendientes" a la que nadie pone solución. Las propias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial -que hace unos años fueron expurgadas, reduciendo en un tercio su total- siguen infladas y consideran lo mismos los casos por delitos leves que los grandes juicios. Y la solución extrajudicial de conflictos sigue siendo otra asignatura pendiente y olvidada.

Los Presupuestos de Justicia destinan dese hace décadas un 80 por ciento de su total al pago del personal. Aunque han crecido algo, con ese veinte por ciento restante apenas se puede hacer más. Con la crisis que viene, más difícil todavía.

Además de leyes mal hechas técnicamente -problema que crece con este Gobierno-, ha habido una "diarrea" legislativa del Estado y de todas las autonomías. Ambas cosas amenazan gravemente la seguridad jurídica.

Y hay muchas más cosas: la diferente formación que reciben abogados, jueces y fiscales que impide la igualdad de armas; la falta de formación y la reticencia de muchos funcionarios a la tecnología; las filtraciones sin castigo y sin "autor conocido" los juicios paralelos y el "asesinato" de la presunción de inocencia; la falta de recursos y de independencia real de la Fiscalía; la necesaria reforma de la instrucción fiscal, que no se puede hacer sin multiplicar los medios; la falta de formación de jueces y fiscales ante los nuevos delitos; la lamentable ejecución de sentencias que hace muchas veces inútil haber ganado un caso...

Podríamos seguir hasta el infinito. Problemas que afectan a la justicia que perciben los ciudadanos, no los políticos, que tienen un trato preferente. Tenemos buenos jueces, buenos fiscales, buenos abogados o procuradores, pero una mala justicia que, además, exige una evaluación externa que no existe. Lo sabemos los ciudadanos y lo saben los profesionales. Pero a algunos solo les preocupa el Consejo General del Poder Judicial. Por algo será.