El 18,5 por ciento de la población de Castilla y León se encuentra en riesgo de pobreza y casi uno de cada cuatro también lo está en exclusión social. Dos indicadores que han crecido en la Comunidad en el último año y que desde la Junta de Castilla y León tienen claro que lo han hecho impulsados por los efectos de la inflación y el encarecimiento de la vida. «No podemos estar en esos números», reconoció la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, que garantizó que el Ejecutivo autonómico va a «seguir trabajando» para reducir ambas, aunque señaló que la Comunidad presenta tasas inferiores a las de la media nacional. «Este Gobierno piensa en las personas más vulnerables, que más lo puedan necesitar, y en esas clases medias que pueden pasar por problemas en un momento determinado».

Los datos de la Tasa Arope –por sus siglas en inglés At Risk of Poverty or Social Exclusion– conocidos este jueves revelan que el porcentaje de población de Castilla y León en riesgo de pobreza aumentó en tres décimas entre 2023 y 2024, al pasar de 18,2 a 18,5 por ciento, si bien es inferior a la media nacional que fue del 19,7 por ciento. Algo similar ocurre con el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, aquella que está al menos en tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo, que se incrementó 1,6 puntos durante 2024 hasta situarse el 24%. También por debajo de la estatal, que fue de casi el 26 por ciento.

Isabel Blanco, que valoró estos datos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, reconoció que el hecho de presentar indicadores inferiores a la media nacional «no es óbice» para seguir «trabajando en reducir esas tasas» que, en varias ocasiones, situó en un entorno de «subida de la inflación permanentemente, subida de los precios de los alimentos más básicos y un descenso en los hogares del poder adquisitivo».

El informe recogido por la Agencia Ical también refleja que el 27% de los hogares de Castilla y León no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos; que el 27,4 por ciento de las familias no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; o que el 8,3 por ciento experimentaron retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.