A la espera de saber si los negociadores socialistas e independentistas son capaces de encontrar una solución que desencalle el acuerdo, el bloqueo de la ley de amnistía en el Congreso ha reabierto la brecha estratégica entre Junts y ERC, que parecía haberse atenuado con la investidura de Pedro Sánchez.
Con sus siete votos a favor del líder del PSOE, los de Carles Puigdemont entraron en la ecuación de la gobernabilidad de España, abrazando el camino de la negociación que venían reivindicando sus antiguos socios republicanos en el Govern. Pero el no de Junts el pasado 30 de enero en el pleno de la Cámara Baja devolvió la medida de gracia para los implicados en el procés a la casilla de la Comisión de Justicia, que tiene de plazo hasta el próximo miércoles día 21 para elaborar un nuevo texto, y ahí es donde surge el interrogante: ¿hay margen para el acuerdo?
Las investigaciones del juez Manuel García-Castellón, que señaló a Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, y las pesquisas del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga sobre los presuntos lazos del secesionismo con Rusia dentro del caso Volhov, dispararon las alarmas en Junts.
En apenas unos días, y tras las advertencias de Gonzalo Boye, el abogado del expresidente prófugo, en la formación exconvergente pasaron de elogiar el redactado de la ley -redondeado en comisión con un pacto a tres bandas con el PSOE y ERC- a considerar que tiene «agujeros» y a pedir nuevas modificaciones para blindar a todos los encausados del 1-O.
Presa de la desconfianza, Junts exigió introducir cambios que impidan a los jueces procesar a Puigdemont y a otros por terrorismo o por el delito de traición, un blindaje legal que evite, según llegó a asegurar la portavoz en el Congreso de su partido, Míriam Nogueras, que «la Justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en simple papel mojado».
Doble o nada
Una vía alternativa sería reformar el Código Penal -para precisar la definición de terrorismo- o la Ley de Enjuiciamiento Criminal -para limitar la potestad que tienen los magistrados de alargar la instrucción-, pero Junts quiere transaccionar en comisión sus enmiendas a la amnistía.
«Preferimos el riesgo de que eventualmente se pueda considerar que esta ley no es constitucional, antes que saber que dejamos abandonada a gente que puede ser amnistiada», argumentó la presidenta de Junts, Laura Borràs.
En cualquier caso, los de Puigdemont afirman que la situación «se puede reconducir», sobre todo después de que Sánchez desvinculara independentismo catalán de terrorismo, un acuerdo que se estaría retrasando para no impactar aún más en los resultados del PSOE en las elecciones gallegas.
Seguridad jurídica, en juego
Mientras socialistas y secesionistas intentar encontrar un complejo consenso que no se salga del marco constitucional, algo que las fuerzas de la oposición y muchos juristas ven inviable, ERC carga contra el no de Junts. El rechazo a la ley sulfuró a los republicanos, que no comparten los argumentos de sus exsocios del Govern.
El enfoque del partido de Oriol Junqueras es completamente distinto: coinciden con los socialistas en rechazar más retoques a la norma -que ya ven «robusta»- para no comprometer su «seguridad jurídica», porque si la tumba el Constitucional o la Justicia europea «entonces sí que será papel mojado».
Además, en ERC no están de acuerdo con la táctica del bloque de Puigdemont de tensar la cuerda de la negociación hasta el último minuto para intentar sacar más réditos, aún a riesgo de hacer descarrilar la legislatura. Un modus operandi que parecen estar dispuestos a repetir también en este caso y que previsiblemente llevará a agotar el plazo del que dispone la Comisión de Justicia.
De este modo, ¿cuál puede ser la fórmula que desatasque el acuerdo? Sánchez no prevé cambiar el texto de la ley ni reformar el Código Penal, pero no descarta cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque esa no es una vía que convenza a Junts, que sigue enrocada en sus enmiendas vivas, si bien se abre a transaccionarlas para añadir garantías de una amnistía «integral».
Fuentes de ERC advierten que no aceptarán enmiendas que dificulten que la ley pase los filtros de la Corte de garantías y de Europa, pero admiten que habrá que ser «imaginativos» para convencer a Puigdemont, si bien subrayan que es imposible anticiparse a la acción de determinados jueces, por lo que, si esta amnistía no acabase abarcando a todos los encausados, habrá que luchar «caso por caso» y, avanzan, plantear nuevos indultos.