Septiembre, coincidiendo con el nuevo curso escolar y con la última etapa del año suele traer movimientos empresariales muy importantes. Es un mes para empezar nuevos proyectos, materializar inversiones que llevan tiempo estudiándose y para salidas de Bolsa. Los expertos aseguran que lo marca la agenda y también la tradición, que es un hecho constatable en todo el mundo. 

En este sentido, el 5 de septiembre de 2023 se recordará en España por la maniobra del grupo saudí STC, que se hizo por sorpresa con el 9,9% del accionariado de Telefónica, una de las compañías más potentes del parqué bursátil por un importe de 2.100 millones de euros, sin que ni el Gobierno de España ni la propia multinacional conocieran este movimiento estratégico. 

Sobre esta operación, Telefónica, que en 2024 cumplirá su primer centenario, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenía un nuevo pretendiente, la operadora Saudí Telecom, que se ha convertido ya en su máximo accionista.

La llegada a la firma que preside José María Álvarez Pallete de un capital procedente de un país tan poderoso económica y políticamente tiene unas consecuencias que traspasan lo meramente empresarial. Se trata de una sociedad estratégica para España, con tecnología de vanguardia que, además de dar servicios de telecomunicaciones, se encarga de una buena parte de la seguridad de Defensa y de funciones trascendentales, entre otras actividades. En este sentido, la teleco ha duplicado este año 2022 su contrato con las Fuerzas Armadas.

El Gobierno en funciones que, una vez más, está dividido entre el ala socialista que aprueba esta operación, aunque asegura que estará «vigilante» para que todos los detalles cumplan la legalidad, y sus socios de Sumar que, en palabras de su presidenta Yolanda Díaz, señaló que van a trabajar para que esta operación no llegue a buen término.

Mientras, la ministra portavoz Isabel Rodríguez y el titular de Industria, Héctor Gómez, han precisado que Moncloa «estudiará con detenimiento» la irrupción de Saudí Telecom en la firma española.

Si bien es cierto que la ley anti opas solo contempla que el Ejecutivo de el plácet de una adquisición accionarial a partir del 10%, en este caso, la legislación marca que la entrada de capital extranjero debe ser aprobada por el Estado para operaciones a partir del 4,5%, lo que significa que solo tendría que pedir autorización por el 5% del capital, ya que el otro 4,9% restante ya lo tiene asegurado.

A la expectativa

BlackRock con el 4,98%, Criteria Caixa, con el 4,88% y BBVA, con el 4,839%, que son los otros tres principales accionistas de Telefónica, aún no se han pronunciado y su opinión es muy importante por lo que habrá que esperar el posicionamiento que tomen al respecto de la entrada de una empresa extranjera en el capital social de la operadora española.

En el plano laboral, nada debiera cambiar en Telefónica. De hecho UGT ha valorado esta operación y CCOO pide «cautela y responsabilidad» a los trabajadores y que se ciñan a los convenios vigentes.

Los clientes de la tecnológica tampoco deben estar preocupados, puesto que STC no viene con la intención de modificar tarifas ni el modelo de negocio asegurando que su inversión en Telefónica demuestra su confianza en el equipo directivo, en su estrategia y en su capacidad para crear valor.