Por mucho que un ministro de Cultura, con alevosía populista y electoral, decida que no le gustan los toros y quiera imponer sus gustos al resto, a la historia y a la razón, la tauromaquia seguirá formando parte del patrimonio cultural inmaterial de todos los españoles. En cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, su necesaria preservación como tesoro propio y signo de identidad colectiva corresponde y compete a todos los poderes públicos. Esto no solo es una realidad incuestionable, así está recogido y tal cual expresado en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 18/2013. Por tanto, el sectarismo de Ernest Urtasun al suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia atenta de forma flagrante contra el espíritu protector de la norma, que se revela imprescindible contra ataques como los perpetrados con saña desde el mismísimo Gobierno.

La pasada legislatura arreciaron estocadas contra el sector, alguna claramente fallida como la de no incluir las corridas de toros entre las opciones del bono cultural joven, una ayuda de hasta 400 euros de dinero público para facilitar el acceso de jóvenes a la cultura. El Tribunal Supremo corrigió tal despropósito y constató que atreverse a decidir, modificar o suprimir la cultura de un pueblo según la ideología o preferencias del gobernante de turno o sus socios contraviene su papel de garante de libertades y de la legislación vigente.

La fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares no solo son parte de nuestra historia. Constituyen también un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos como son el agroalimentario, el medioambiental, el industrial o el turístico. Siempre han sido algo vivo y dinámico, sujetos a constante evolución, sin que se puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades cambiantes de nuestros tiempos u otros venideros. Esto dependerá de que se mantenga la afición popular y de que la misma sea capaz de renovarse en las nuevas generaciones de aficionados que son los que, en su caso, deberán mantener, actualizar y conservar la fiesta. Pero, en todo caso, será desde la libertad de la sociedad a optar, no cercenando el acceso a ésta, ni persiguiéndola desde los despachos ministeriales. Afortunadamente, la cultura no depende de la demagogia de un ministro que busca algunos aplausos que, por otras actuaciones, todavía no ha sido capaz de recibir, sino de lo que expresa un pueblo en libertad, y hoy los toros parecen lejos de su suerte suprema. Lo grave y preocupante es que ayer atacaron a periodistas y jueces, y hoy van a por parte de nuestra idiosincrasia cultural. Qué será mañana.