Los finos analistas no suelen reparar en el generalizado malestar de la Judicatura por la desautorización del Gobierno al Tribunal Supremo que condenó a los máximos responsables del intento secesionista de octubre de 2017. No tanto por el indulto de las penas, sino por la supresión del delito de secesión en el Código Penal y, posteriormente, por la ley de amnistía que Sánchez canjeó por su continuidad en el poder.
No comparto la cantinela del "lawfare" y los "fachas con toga" pero sí creo que desde que se anularon las condenas dictadas por el tribunal presidido por Manuel Marchena (sala segunda del TS), tanto la Guardia Civil, en su función de policía judicial, como los propios jueces en diferentes procesos de instrucción que afectan al entorno político y familiar de Pedro Sánchez (lo que este comentarista suele denominar "corrupción de cercanías"), están yendo hasta las últimas consecuencias en el cumplimiento de su deber. Por no decir que están siendo implacables en causas abiertas a personas vinculadas de uno u otro modo al Gobierno.
También conviene reparar en la animadversión que los medios informativos sin confesada vinculación a la causa sanchista profesan a un Gobierno que pone en marcha planes "regeneradores" contra la desinformación y los difusores de bulos que, según Moncloa, son herramientas de la derecha-ultraderecha para llevar a cabo el "proyecto golpista de Feijoo". Es la bárbara acusación formulada por la número dos del partido y del Gobierno, María Jesus Montero, en vísperas del congreso federal clausurado este domingo a mayor gloria de su reelegido número uno.
Justamente en el tronante discurso de cierre Sánchez volvió a insinuar que hay una conjura de jueces y periodistas ("odiadores profesionales", dijo) para tumbar a un Gobierno legítimo". Pero de ese modo lo único que consigue es que unos y otros reaccionen como instituciones agraviadas por el poder en dos dogmas civiles de la democracia. Uno, la separación de poder. Y otro, la libertad de expresión y el papel fiscalizador de los medios en una democracia sana.
Por lo demás, nada nuevo nos vendió el 41 congreso del PSOE, del que salió un mensaje tan inequívocamente continuista como el anuncio de que Sánchez volverá a presentarse como candidato a la Moncloa en las próximas elecciones generales. O la ratificación de Montero y Cerdán como números dos y tres de un partido que quiere vivir en estado de victimización, pese a ser el alma de un Gobierno "limpio" al servicio de la verdad y contrario al autoritarismo.
Pero decir eso pocos días después de haber laminado a un dirigente territorial (Juan Lobato), precisamente porque no quiso ser cómplice de un delito, es como escuchar a Errejón disertando muy serio sobre los valores del amor platónico.