Instituciones, todos los partidos políticos sin excepción, empresarios, sindicatos, conductores, vecinos de San Rafael o de cualquier lugar de Segovia... Pocas veces algo ha unido tanto a la sociedad segoviana como el agravio al que la ha sometido esta semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, con amenazas y modales impropios incluidos. Su furibunda reacción contra el Ayuntamiento de El Espinar, personalizada en su alcalde, solo denota el profundo desconocimiento de cómo se siente de ninguneado ese municipio y la inmensa mayoría de sus vecinos por su Gobierno, el anterior y todos los precedentes. En lugar de tranquilizar, asumir y buscar soluciones justas, el ministro opta por señalar a quien no lo merece. Al contrario , acusa a quien más precisa de auxilio y lleva años reclamando infructuosamente soluciones al tránsito por las puertas de sus casas de miles de vehículos que ponen diariamente en riesgo la seguridad vial de sus vecinos, entre otras consecuencias. Puente no ha escuchado ni a los suyos, que esta vez no se han callado ni a micro cerrado, ni abierto.

El intento de desviar el tráfico por las calles de San Rafael no solo era una medida inviable, sino que generaría un riesgo evidente para unos vecinos que llevan años sufriendo que miles de vehículos pasen por la puerta de su casa. Ahora querían que cruzasen por la puerta del colegio y del centro de mayores. La reparación del socavón debe ser una prioridad absoluta, con trabajos ininterrumpidos para acortar plazos. Pero lo más urgente es que el Ministerio adopte una medida lógica y justa: la apertura de la barrera del peaje mientras dure la emergencia. La petición de suspender el pago hasta que se restablezca la normalidad en la N-VI no es una exigencia desproporcionada, sino una medida de sentido común que ya se ha adoptado en otras circunstancias similares en España. No es la primera vez que una situación excepcional exige la liberalización temporal de un peaje y no hay razón para que ahora se actúe con menos sensibilidad. La movilidad es un derecho y, en situaciones extraordinarias, requiere soluciones extraordinarias. Es inadmisible y un abuso que la alternativa para los segovianos sea pagar por un problema que no han causado. La infraestructura está concesionada, pero el interés general debe primar y limitar el derecho a la circulación no puede ser la opción. Es momento de que el Ministerio actúe con responsabilidad, atienda la petición de la sociedad civil, empresarial y política segoviana y abra la barrera del peaje hasta que la normalidad vuelva a San Rafael. Y que arbitre mecanismos para que esto no vuelva a suceder. Cualquier otra decisión será una barrera más, pero esta vez política y administrativa, que solo alimentará el hartazgo por unos peajes que se prolongan y encarecen sin remisión y por un hastío en la travesía de San Rafael que perdura desde hace demasiado y que funciona como una olla a presión que requiere que nadie tapone las válvulas de escape.