Qué necesidad tenía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de nombrar gobernador del Banco de España a José Luis Escrivá, miembro del Consejo de ministros hasta el pasado miércoles, sabiendo como sabía que su designación iba a tener la contraindicación de poner bajo sospecha su independencia. El ya ex ministro de Transición Digital y Función Pública es el tercer miembro del Ejecutivo que salta a otra institución loque da lugar a que se repitan las mismas críticas que en los anteriores nombramientos, como cuando la ministra de Justicia Dolores Delgado pasó sin solución de continuidad a la Fiscalía General del Estado, o el exministro de Justicia Juan Carlos Campo fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional tras un brevísimo periodo de descompresión.

Los motivos de la reincidencia en el error los sabe Pedro Sánchez y deben obedecer a un rasgo de soberbia y de no dejarse aconsejar, que aunque responda a un golpe en la mesa porque no es posible -por ambas partes- pactar cualquier nombramiento con el Partido Popular, supone una decisión que va en detrimento de la institución porque el gobernador del Banco de España tendrá que emitir informes sobre cuestiones de política económica en las que él ha tenido intervención como ministro.

La solvencia profesional de José Luis Escrivá no está en cuestión y su independencia en otros puestos y en otras circunstancias tampoco, de la misma forma que los informes y predicciones realizados por otros gobernadores del Banco de España no han sido nada complacientes con las decisiones de un Gobierno progresista, pero no se trata de que el péndulo se traslade al otro extremo y que el supervisor bancario se convierta en un apologeta de las decisiones del Ejecutivo.

El ejemplo del acuerdo para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial no es aplicable a este caso, al tratarse, en último extremo, de una decisión del presidente del Gobierno, pero la actitud del PP con respecto a las reticencias a pactar con Sánchez en cualquier aspecto le sirve de coartada para imponer los nombres al frente de los organismos reguladores que están pendientes de renovación. Pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras sobre la colonización de las instituciones. El PP ha hecho siempre lo mismo, sin caer en la provocación de hacerlo de una forma tan evidente, pero acaba de comprobar que si no quiere pactar tampoco tiene potestad para bloquear la renovación de otros organismos económicos regulatorios. Incluso Pablo Casado aceptó la realidad y renovó el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas teniendo en consideración el cambio de signo parlamentario.

La designación del exministro José Luis Escrivá se trata, desde luego, de un retroceso en el deseo de regeneración democrática que quiere impulsar el propio Pedro Sánchez para lograr revertir la desafección de la ciudadanía hacia la política y hacia sus decisiones. Todo lo contrario. De esta manera da pábulo a quienes le acusan de cesarismo, de ir al copo en todas las instituciones, de poner en riesgo su prestigio con la política de nombramientos de personas que han estado bajo su mando.

El cambio de empleo de José Luis Escrivá ha desatado una minicrisis de gobierno y su cartera será ocupada por el actual jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, amigo desde los años noventa, del grupo de adversarios en las primarias que le repusieron en la secretaria general y nuevamente amigo del presidente del Gobierno.