El gobierno está confiado en que la ley de amnistía será declarada plenamente constitucional cuando un eventual recurso ante el tribunal de garantías llegue a esa última instancia. Claro. Ventajismo se llama a eso. Con la mayoría de los magistrados de perfil progresista, la tranquilidad de que la resolución será favorable a los intereses del presidente y sus ministros les permite mostrarse absolutamente confiados en la limpieza del sistema democrático y del Estado de derecho. Pase lo que pase, el Tribunal Constitucional les dará la razón a los que defienden el borrado de los delitos del proceso independentista, y eso garantizará la continuidad de la legislatura. Es de hecho la condición para que pueda acabar la legislatura y ellos puedan seguir en sus cargos. Del mismo modo, el gobierno está también confiado de que las sentencias continuadas, siempre en el mismo sentido, de tribunales como la Audiencia provincial, el Superior de Justicia y el Supremo en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía acabarán siendo anuladas por la que se ha convertido por conveniencia partidista en última instancia judicial sin serlo realmente. Y más allá todavía, el gobierno presenta recurso de inconstitucionalidad contra las leyes Trans y LGTBI de comunidades gobernadas por sus adversarios políticos porque sabe que la mayoría favorable a sus posiciones ideológicas le será favorable.
Las leyes en España pasan su proceso parlamentario, el Congreso primero, el Senado después en segunda lectura, y vuelven a la Carrera de San Jerónimo donde son aprobadas definitivamente antes de su entrada en vigor. Pero en esta etapa de nuestra vida pública, ahí no acaba todo. Hay una tercera cámara que es la que decide al final si una norma alcanza la categoría de vigente, de modo que tener mayoría en esa instancia es tan importante como disponer de 176 votos para sostener al ejecutivo. De esa forma se entienden a la perfección las insistencias en renovar los órganos institucionales cuando no obedecen a las mayorías imperantes en el plano político: sin el Constitucional a favor, todo lo que hagas como legislador puede quedar en papel mojado. Lo más sorprendente de este sistema tricameral es el hecho de que los jueces y magistrados elegidos para integrar el pleno del TC acepten de buen grado que les cuelguen las etiquetas de progresistas y conservadores. Claro, depende del partido que les haya propuesto para ocupar esa responsabilidad, pero que te marquen diariamente en la prensa y los mentideros como se hace con las reses en la campiña no deja de tener un cierto punto humillante, que no entiendo cómo asumen los integrantes de los órganos institucionales.
El acuerdo para despolitizar que se ha anunciado esta semana la Justicia llega tarde para el Constitucional. Allí seguirá habiendo en los próximos años un exministro, una ex alto cargo del gobierno y un ex Fiscal General del Estado nombrado en su momento por el poder. Eso ya no lo cambia ni la comisaria Vera Yurova.