Padres y madres que tienen miedo a que sus hijos se contagien en el colegio, buscan asesoramiento con un abogado y presentan un escrito para anunciar a las autoridades educativas que mientras siga activa la pandemia no les llevarán a clase. El conflicto reside en que la educación es obligatoria en España desde los 6 a los 16 años y un número de faltas sin justificar activa el protocolo de absentismo escolar y la apertura de expedientes. 

Antes incluso del inicio del curso escolar, han emergido plataformas de padres y madres que defienden el derecho a la enseñanza sin riesgo y a no llevar a sus hijos a clase, movimientos que, por el momento, no han calado en Segovia, donde la asistencia a colegios e institutos es mayoritaria.

La Dirección Provincial de Educación no tiene constancia de escritos o llamadas sobre esta posible insumisión de los progenitores. Tampoco en el Colegio de Abogados de Segovia han llegado peticiones de consulta o asesoramiento, mientras varios abogados consultados por El Día de Segovia afirman que nadie ha solicitado sus servicios en defensa del absentismo escolar por la COVID-19. No es tarde, ninguno de los consultados lo descarta, teniendo además en cuenta que se espera una posición unificada para toda España sobre posibles sanciones a los insumisos, a la luz del informe jurídico que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ya ha encargado a la Abogacía del Estado.

«No he recibido llamadas [de algún colegio] ni en estos momentos tenemos constancia de ningún escrito presentado por registro», afirma el director provincial de Educación, Diego del Pozo, que espera los informes de los servicios jurídicos del Ministerio y de la Consejería de Educación para este caso y, por ejemplo, para afrontar la negativa de un padre a firmar una declaración responsable que le obliga a llevar sano a su hijo a clase y tomarle la temperatura a diario.

Más pedagogía. «Entran en conflicto el derecho a la educación y el derecho a la salud, es algo complicado. Se trata de hacer más pedagogía.  Aunque el miedo de los padres es legítimo porque el riesgo cero no existe, los colegios son lugares seguros y hemos tomado medidas para garantizar una cierta tranquilidad», añade el director. Con solo unos días desde el arranque del curso, tanto en colegios como en institutos, la afluencia a las aulas es «masiva», según Del Pozo, y solo se contabilizan «ausencias muy puntuales». «Tendremos que ver si esas faltas se prolongan en el tiempo y cómo lo justifican los padres», añade.

La presidenta de la Fedampa Antonio Machado, que agrupa a 72 Ampas de Segovia, Noelia del Barrio, sostiene que la mayoría de las asociaciones de padres y madres de alumnos eran favorables a las clases presenciales, de manera que «si alguien es partidario del abstencionismo, va a ser muy minoritario».
«Es verdad que las garantías de seguridad no existen al cien por cien, pero precisamente los colegios son los sitios más seguros para tener a los niños. Los equipos directivos han hecho un esfuerzo muy importante  y creo que lo van a hacer lo mejor posible para garantizar la salud de nuestros hijos», sostiene Del Barrio. No obstante, la presidenta de la Fedampa admite que pese a que «el miedo es libre y todos tenemos cierta preocupación» los niños «necesitan psicológicamente volver a las aulas. Para ellos es mucho más seguro estar en el colegio que estar en una terraza de un bar o una plaza».
Del Barrio no cree que el absentismo escolar justificado por la COVID-19 derive en la imputación de un delito a los padres insumisos , mientras que prefiere no pronunciarse sobre posibles sanciones administrativas hasta no conocer su cuantía. «Aquí en Segovia la situación está muy calmada, son colegios más pequeños y, por tanto, más seguros».

Derechos en conflicto. El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz, mantiene que la pandemia ha puesto en conflicto una serie de derechos recogidos en la Constitución. En el caso de la posible negativa de los padres a llevar a sus hijos al colegio por la COVID se pone en juego el «difícil equilibrio» entre el derecho a la educación y a la salud; de manera que los abogados de las familias partidarias de dejar a sus hijos en casa podrían alegar que se trata de una causa mayor y que la salud está por encima de la educación.

«Es muy difícil imputar a un padre un delito por no llevar a su hijo al colegio. Tendrían que hacerle múltiples requerimientos. Otra cosa es que fuera reincidente, donde ya la Fiscalía, en beneficio del menor, pudiera intervenir, aunque ésto sería en casos extremos».

«No quiero llevar a mi hijo. Lo hago para que no me denuncien». Mónica E.S. es madre de un niño de 6 años y, por tanto, con escolarización obligatoria. En su aula de primero de Primaria de un colegio de la provincia, que su madre elude desvelar, el niño recibe las clases con mascarilla. «Si hubiera sido en el curso pasado, en Infantil, no le hubiera llevado al colegio», sentencia Mónica, que confiesa, sin medias tintas, que ahora «si pudiera» no llevaría a su hijo al colegio. Solo lo hace, según admite, por temor a ser denunciada por incurrir en absentismo escolar.

«Hemos estado todo el verano aislados, sin ir con el niño a terrazas o restaurantes, con el contacto mínimo con la familia y ahora me obligan sí o sí a llevarle, sin otra opción», afirma Mónica que confiesa cómo el primer día optó por dejar a su hijo en casa. Esta madre segoviana se ha acogido a la fórmula del teletrabajo y en estas circunstancias cree que se debería haber dejado opción a los padres para elegir o, al menos, a continuar con la enseñanza online durante el primer trimestre del curso y esperar a que remitiesen los brotes.

«Sabemos que hay aulas confinadas en Sepúlveda, La Granja, Riaza… yo estoy en vilo. Casi preferiría que pierda un año de enseñanza en el colegio a exponerle al virus todos los días», afirma Mónica, que asegura desconocer si los profesores de su hijo han superado la prueba PCR «porque nadie nos ha dicho nada».  «Los padres tendríamos que tener la última palabra, sin temor a sanciones», concluye.

En León se ha producido la primera sentencia. El Juzgado de Primera Instancia número 10 ha rechazado la pretensión de una madre, que por temor a la COVID-19, se negaba a llevar al colegio a su hijo de seis años. El juzgado ha dado la razón al padre, para quien el temor al coronavirus no es motivo suficiente para dejar al niño en casa.