Como cada primer trimestre del año, la defensora de la Ciudadanía de Segovia, Paloma  Serrano, ha presentado la Memoria Anual correspondiente al año anterior, 2023, de esta figura independiente aunque vinculada al Ayuntamiento de Segovia. En el documento, solicita la modificación de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones, que data de 2014, para suprimir la  obligación de presentar por escrito las denuncias de particulares relacionadas con este ámbito.  

En este sentido, Serrano, que insiste un año más en que el ruido es «un problema sistémico de la ciudad, tanto el procedente del interior de las viviendas como el causado en el exterior», sostiene que las autoridades deben dar por válidas las denuncias verbales, algo «acorde con el carácter poco formalista que rige el Derecho administrativo y a tenor de lo recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

Abunda, además, en ese argumento al llamar la atención sobre el hecho de  que ni la Ley autonómica ni la Ley estatal sobre ruido recogen la obligatoriedad de denunciar por escrito.

Sin embargo, el Plan Normativo Anual para este 2024, que ya ha publicado el gobierno municipal, no recoge la modificación de esta ordenanza municipal, aunque se trata de un documento programático, no vinculante.

Sanciones efectivas. Por otro lado, la responsable de la Defensoría reclama que se ejecuten los expedientes sancionadores en materia de ruido cuando la tramitación por parte del denunciante ha sido  correcta y se ha levantado acta de medición de ruidos que recoja que se está cometiendo una infracción.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, al defender en el pleno municipal de este mes de marzo la aprobación de los planes de acción sobre la contaminación acústica en el municipio, informó de que desde que en junio dio inicio el mandato corporativo se han registrado 18 expedientes sancionadores y todos los denunciados han recibido un apercibimiento específico para que cesen la actividad infractora «y han cesado, no ha habido reiteración». Señaló que el actual gobierno municipal actuará con rigor y sancionará cuando haya reiteración aunque apuntó a que los problemas de ruido en la ciudad se producen más por la concentración en determinadas zonas de la ciudad de establecimientos de hostelería y por aglomeraciones de personas en la vía pública.

Ante el reproche de parte de la oposición municipal por la no inclusión en los mapas de ruido del uso terciario de residencias de estudiantes, por ejemplo, o de centrarse de forma casi exclusiva en el ruido motivado por el tráfico rodado en los citados planes de acción, el edil del PP asegura que, además de la incorporación de un segundo sonómetro para que la Policía Local realice mediciones de ruido, el equipo de José Mazarías no dudará en aplicar la Ley del Ruido de Castilla y León y declarar zonas de protección acústica especial  e incluso zonas acústicamente saturadas si es necesario. 

Accesibilidad. Además de los ruidos, que motivan problemas de convivencia ciudadana y alteran el descanso nocturno y, por lo tanto, la salud de ciudadanos, la Defensoría de la Ciudadanía hace hincapié en la Memoria Anual sobre la necesidad de mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida en las vías públicas. Serrano afirma que la respuesta del Ayuntamiento durante el segundo semestre de 2023 ha sido positiva, «solucionando los concretos problemas» que ha recibido. 

Precisamente, señala también en la Memoria que la respuesta de la administración local ha sido positiva, mejorando en relación con años anteriores, de manera que «todos los expedientes de queja tramitados en 2023 (que han sido 5) han sido contestados durante el segundo semestre del año». También han sido contestados algunos expedientes pendientes de años anteriores, aunque todavía están por resolver cerca de una treintena correspondientes a los años de 2018 a 2022.

La defensora realizó el año pasado 46 entrevistas (siete presenciales) y recibió un total de 133 correos electrónicos. La Memoria Anual de la Defensoría de la Ciudadanía de Segovia recoge que han sido 17 en total los expedientes tramitados el año pasado, 8 de ellos derivados a otras instituciones y 4 de mediación o asesoramiento.