No coincido con el planteamiento de muchos expertos economistas que ven la economía como una sucesión aséptica de estadísticas. Tampoco es que confíe en aquellos que eluden o manipulan los datos para que se ajuste al relato que defienden. La economía es una extensión de la actividad social humana; por tanto, es compleja de analizar. Solo con el tiempo se perciben las consecuencias de la demagogia barata que suena maravillosa en el presente y que destroza el futuro.

Hay una línea muy fina entre el bien a proteger y las buenas intenciones que agravan el mal que se intenta evitar. Está comprobado que un salario mínimo alto aumenta el paro estructural, penaliza a los menos formados y ataca a los jóvenes en búsqueda de empleo. Tampoco hay que ser muy listo para saber que el coste de la vida no es homogéneo en un país, lo cual puede dificultar la contratación precisamente en aquellos lugares donde podrían ser competitivos.

Si aumentamos las cuotas a la seguridad social, un coste salarial encubierto que soportan las empresas, sabemos que se producirá una reducción del empleo. Todo esto no es filosofía de Wittgenstein, sino realidades empíricas que sabemos todos. También intuimos que no es igual ser deudor que acreedor o que vivir de las rentas no tiene recorrido futuro. Aunque la magnitud de la deuda reduce el margen del prestamista.

Sin sector privado no hay impuestos. O si suena muy etéreo, sin impuestos no hay sector público. Ahora pensemos qué esperamos que el Estado cubra con dicho sector público. Mis disculpas por no haber preparado el terreno, pero es así de simple. Pasar este umbral lleva a un fatalismo depresivo que imposibilita cualquier reforma sensible, porque nos lleva a creer que el futuro está escrito.

La economía es un juego de equilibrios, actores y responsabilidades. Los políticos hacen daño cuando intervienen, manipulan o reducen la libertad económica. Los sindicatos fallan cuando comparan el empleo público con el privado, porque corren el riesgo de quedarse sin el segundo. Pero los empresarios se equivocan al ignorar que sus actos tienen consecuencias morales. Es inmoral que un representante empresarial se niegue a una subida salarial que se concede a sí mismo o que algunos endeuden sus empresas para garantizarse un bonus. O pensar que la nueva ley de vivienda aumentará la oferta de alquiler. No existen los sueldos dignos, sino los sostenibles. Esto es algo que han aprendido dolorosamente los países pobres.