La Fiscalía Europea ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la parte principal del caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que afecta a las adjudicaciones de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, lo que deja su declaración como imputada del próximo 5 de julio en el aire.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la noticia adelantada por el Confidencial de que la Fiscalía Europea ha dictado un decreto de avocación parcial para que el titular del Juzgado de Instrucción numero 41 de Madrid transfiera parte del procedimiento, porque entiende que tras analizar los hechos tiene la competencia.

La Fiscalía Europea solicitó información al juez para comprobar si esos contratos estaban financiados con fondos europeos y ahora ha tomado la decisión de hacerse cargo de la investigación judicial que dirigía el juez Peinado, como ya hiciera hace meses con el caso Koldo que instruía la Audiencia Nacional.

Imagen de archivo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

En concreto, reclama la parte principal de la investigación que afecta al uso de fondos europeos en contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez.

Desde la Fiscalía Europea explican que el pasado 12 abril se recibió una denuncia de un particular relacionada con un presunto delito de fraude que afectaba a los intereses financieros de la UE.

Y que iniciada la investigación y recabada información, entre otros del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que se recibió el 3 de junio, tres días después "la Fiscalía Europea ha decidido asumir la competencia de la investigación respecto a los hechos objeto de la denuncia".

El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando ésta ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito".

Con esta petición, el juez quedaría apartado de la investigación, salvo que plantee una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que decidirá quién se queda el caso, como dicta la norma que regula en España la Fiscalía Europea.

Dicho de otro modo, si finalmente la Fiscalía Europea se queda con la investigación, el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que la dirigía hasta ahora la dejará completamente en sus manos ya que, a diferencia del modelo español -en el que las investigaciones las dirige un juez-, en el europeo la asume totalmente la Fiscalía.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea supervisa la investigación abierta por la Fiscalía Europea respecto al uso de fondos europeos en contratos públicos adjudicados a Barrabés.

En el marco de las pesquisas del organismo europeo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó el pasado miércoles en la sede de la empresa pública Red.es en busca de los correos electrónicos relacionados con las contrataciones a Barrabés.

Reclamó en concreto los correos electrónicos relacionados con los contratos a la empresa de Barrabés Innova Next, que recibió de Begoña Gómez en dos cartas de recomendación.

Previamente, el juez Peinado había abierto una pieza separada declarada secreta para dar curso a la reclamación de la Fiscalía Europea relativa a algunos de los contratos investigados.

En un decreto del 26 de abril, el organismo pidió al Juzgado que le informase "en la mayor brevedad posible" de "los hechos y delitos" que se siguen en este procedimiento en la "que estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley".

En una providencia, el juez dio cuenta al organismo europeo de que en la causa constan "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley" y de que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Remitió a la Fiscalía Europea copia de la información requerida pero no entró a valorar la competencia, ni tampoco si esos expedientes afectan a fondos europeos.