El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha exhortado una vez más a los "poderes públicos concernidos" a renovar la institución "sin mayores dilaciones", ante la "seria anomalía" que supone llevar casi dos años en funciones, tras el enésimo acuerdo fallido entre PSOE y PP.

Como también hizo el año pasado, Lesmes ha vuelto a reclamar la renovación del CGPJ durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidido por el rey, y que este año está marcado por las medidas de seguridad impuestas por la pandemia, ya que tan solo se ha permitido un aforo del 30% en la ceremonia.

Pero para Lesmes no hay cambios de un año a otro. Porque por segunda ocasión consecutiva, el presidente del Poder Judicial ha centrado su discurso en instar a los poderes públicos a desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018, algo que ha tachado de "seria anomalía".

Lesmes, que se ha dirigido al Congreso y al Senado en varias ocasiones con la misma finalidad, ha recordado que "es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo", por lo que se ha visto "en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones".

Enfrente estaban el ministro de Justicia, Jose Manuel Campo, y el líder del PP, Pablo Casado, dos de los principales involucrados en las fallidas negociaciones para desbloquear tanto la renovación del CGPJ como también de varios magistrados del Tribunal Constitucional.

Porque antes de las vacaciones de verano, el CGPJ suspendió varios nombramientos judiciales a la espera de que fructificaran las negociaciones iniciadas entre el Gobierno y el Partido Popular.

Sin embargo, Lesmes ha indicado que las funciones asignadas al CGPJ, "en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario" deben "seguir desarrollándose con normalidad".

Lo contrario, ha dicho, "sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".

Este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que buscará mayorías parlamentarias alternativas para renovar las instituciones sin necesidad de contar con el PP, que insiste en el "bloqueo" de las negociaciones, mientras Podemos forme parte del Ejecutivo.

Pero esta no ha sido el único ruego de Lesmes a los poderes públicos, a quienes ha solicitado una "mayor claridad normativa" de las medidas para combatir la pandemia, que suponen una restricción de derechos de los ciudadanos y que exigen un control judicial.

En un verano atípico marcado por la preocupante tendencia al alza de la covid-19, los jueces se han erigido de facto en árbitros de la pandemia al tumbar en ocasiones algunas de las restricciones impuestas por ayuntamientos y Gobiernos autonómicos mientras otros, a pocos kilómetros de distancia, las respaldaban.

"La claridad en las normas, ha afirmado Lesmes, es "siempre deseable", pero se tiene que reclamar "con mayor intensidad" cuando se trata de medidas que, aunque son "necesarias" para frenar la pandemia, "afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos".

Por eso, ha reclamado una "mejor delimitación" de la ratificación judicial de esas medidas- que muchos jueces ven innecesaria en algunos casos- y ha recordado que "las competencias extraordinarias asumidas durante la vigencia de los estados excepcionales" no "escapan al control inherente a todo Estado de Derecho".

Con menos carga política, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha aprovechado su discurso para anunciar que "en los próximos días" dictará una instrucción que aborde y unifique el criterio de actuación del Ministerio Público ante la okupación, porque entiende que este "fenómeno delictivo" requiere de "una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía".

La okupación se da en casas vacías e inhabitadas de particulares y bancos, y no constituye un delito de allanamiento -cuando entran en un hogar o segunda residencia y que conlleva una inmediata expulsión- sino una usurpación, un delito leve castigado con multa y que implica que el desalojo puede producirse en meses o años.

Se trata de un fenómeno en auge porque según datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso Efe, los "hechos conocidos" de ocupación ilegal (solo los denunciados) han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019. En el primer semestre de 2020 van 7.540.

Ahora bien, las cifras que recoge la Memoria Anual de la Fiscalía de 2019 apuntan a "la reducción del fenómeno de las ocupaciones".

Tras años en aumento, se mantiene la tendencia de retroceso en las incoaciones, aunque muy leve, al pasar de 9.693 a 9.622, "dato que contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación" e, incluso, con el anuncio realizado por Dolores Delgado