Cesta de la compra a la francesa

Carlos Cuesta (SPC)
-

Los supermercados galos son un ejemplo de que se puede ayudar a las familias más vulnerables bajando el precio de los artículos básicos

Cesta de la compra a la francesa

La realidad que vive la economía nacional, con una inflación del 6,1% en febrero y una tasa subyacente del 7,7%, está haciendo que la situación de muchas familias españolas haya entrado en unas tasas de pobreza y vulnerabilidad no recordadas en décadas, a pesar de que, en cifras macroeconómicas, el país creció en 2022 un 5,5% y, para este curso, la previsión está en torno a un 1,4%.

Ir al supermercado se ha convertido en un lujo. Los precios de los alimentos de enero de 2022 nada tienen que ver con los actuales. Un año después, cuatro de cada 10 productos se han encarecido un 30%, según un informe publicado por Facua, que ha hecho un seguimiento sobre la evolución de 507 referencias de nueve supermercados e hipermercados.

Ante este escenario, el Gobierno trató en diciembre de reducir el IVA a los productos más básicos, entre los que no incluyó la carne y el pescado, pero, a pesar de que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dijera en el Congreso que ella sí que había notado esta rebaja, lo cierto es que han seguido al alza.

 En esta línea, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, lleva meses pidiendo al Gobierno topar los precios de los alimentos e, incluso, ha tratado de negociar con las grandes cadenas de distribución una serie de productos básicos a tarifas asequibles para las familias con mayores dificultades, pero sin ningún éxito hasta el momento.

Las leyes del libre mercado impiden estas reformas y desde la patronal se ha cuestionado su legalidad. Según sostienen, se podían crear efectos indeseados de desabastecimiento puesto que ante bajadas de precio en el mercado nacional se irían a otros países donde obtuvieran mayores márgenes.

La nota de atención la daba esta semana Francia tras anunciar un acuerdo antiinflación con las principales cadenas distribuidoras para que ofrezcan, durante un trimestre -de marzo a junio-, una cesta de productos básicos al precio más reducido posible. Con un aumento interanual del coste de los alimentos en este país del 14,5%, el gabinete de Emmanuel Macron tomaba esta decisión para tratar de tranquilizar a su población en un momento político muy delicado de agitación social y protestas por la reforma de las pensiones. Incluso, su ministro de Hacienda, Brune Le Maire, prometió también un cheque de ayuda a los franceses de ingresos más bajos para alimentos.

Algunas de sus grandes cadenas, como Système U, ya tienen una lista de productos con unos precios limitados, en su caso afecta a 150. El grupo Intermarché ofrece 500 artículos a precios atractivos. Monoprix y Carrefour han tomado ya medidas equivalentes. Para que el consumidor identifique con rapidez que se trata de una oferta incluida en la campaña, cuentan con un logotipo especial con la bandera francesa. En junio, habrá una revisión de la medida según evolucione la marcha de la inflación.

Ante esta iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el foco en los supermercados galos que han bajado el precio a los alimentos básicos para que también se haga en España. La propuesta de Francia de crear una cesta de la compra con productos más económicos tiene como objetivo principal garantizar el acceso a alimentos básicos a precios asequibles para las personas con bajos ingresos y mejorar la seguridad alimentaria. 

Lo importante de este pacto es tratar de reducir la pobreza, el acceso a alimentos saludables y nutritivos como frutas, verduras, carne o pescado, estabilizar los precios y potenciar el mercado local.

En este sentido, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, declaró que se alegra de la iniciativa del Gobierno francés para que la distribución gala diseñe cestas de la compra antiinflación, al tiempo que subrayó que ella ya ha defendido que en España un paso de esta índole no solo «es posible» sino «completamente legal».

Díaz destacó que hay «asignaturas pendientes» de las que ya se habla «desde hace muchos meses». «No sólo es posible. Ya demostré que es completamente legal. Se puede ofertar una cesta, yo dije 20 productos, pero los que sean, por un precio limitado». Este paso es «completamente legal» e «imprescindible» para que «la gente pueda vivir un poco más feliz».

Llamamiento

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró la iniciativa del Gobierno francés para que la distribución gala diseñe cestas de la compra antiinflación.

Planas no dudó en hacer un llamamiento similar a la distribución española. «Las empresas pueden plantear iniciativas similares en nuestro país que lleven a una contención de los precios, pero siempre con respeto a la Ley de la Cadena Alimentaria y que no sea en perjuicio de la industria ni de los propios productores», advirtió.

Mientras, el director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Carlos Ocaña, se desmarcó de estas medidas y manifestó que subvencionar hidrocarburos o alimentos «no ayuda a controlar la inflación» que, a su juicio, se mantendrá elevada y «llevará tiempo» situarla en niveles óptimos.

Ocaña explicó que estos pactos ayudan a la sociedad a mitigar el impacto de la subida de precios, pero estimulan el consumo y esto pone «más tensiones» al contexto inflacionista del país.

Para él, el aumento de los tipos se mantendrá durante cierto tiempo y será el BCE el encargado de intentar reducirlo que, según sus previsiones, continuarán aumentando en los próximos meses, incluso por encima de las subidas que anticipan los mercados.

El experto de Funcas subrayó que «no es bueno para la economía» que los tipos de interés se sitúen en cero, como la situación vivida en los últimos 10 años. Esto provoca «distorsiones» que traen consecuencias como la existencia de empresas zombis que no acaban de quebrar porque tienen financiación barata, pero no generan crecimiento.

En definitiva, ante situaciones de gran vulnerabilidad económica en las que las familias no pueden hacer frente a subidas de precios tan desmesuradas por la inflación y con unos salarios moderados, se impone el sentido común para que los gobiernos, las empresas y los sectores productivos den la talla con ayudas de todo tipo que mejoren la vida de sus ciudadanos.