El Ministerio de Agricultura ha sido objeto durante este año de dos importantes movilizaciones de protesta en demanda de otra política que apoye la rentabilidad de la actividad agraria y que suponga un atractivo para la apuesta de los jóvenes por el campo, y con ello para la pervivencia de mundo rural. Ambas movilizaciones, la celebrada en febrero y la de este lunes, tienen en común los mismos objetivos, aunque con dos notas diferenciales. La primera, la inclusión en esta última protesta de los debates y temores sobre el impacto del acuerdo entre la UE y Mercosur para la eliminación progresiva de aranceles y establecer la mayor zona de libre comercio del mundo con 800 millones de personas y un volumen de negocio en ambas direcciones de unos 110.000 millones de euros. La segunda, que, mientras en las movilizaciones celebradas hace unos meses la convocatoria estaba hecha por ASAJA, COAG y UPA, en esta ocasión se ha producido el descuelgue de UPA, rompiendo la unidad de acción, con solo la presencia de las dos organizaciones mayoritarias del campo español; también se ha dejado notar la ausencia de Cooperativas Agro-alimentarias que, aunque ha apoyado la protesta, no se ha personado de forma oficial.
En cualquier caso cabe señalar, en positivo, que el sector no ha perdido su capacidad de movilizarse en defensa de sus intereses y de la actividad agraria y del mundo rural en general, a pesar de no haber logrado sus reivindicaciones. A Madrid no se viene de fiesta en un momento en el que la tareas de sementera están en pleno apogeo. En la parte negativa, el hecho de que año tras año se presenten prácticamente las mismas demandas, las mismas tablas reivindicativas, lo que pone en evidencia las escasas respuestas públicas desde la Administración Central. Y no será por falta de temas sobre la mesa, con las 43 medidas para el campo propuestas desde el propio Ministerio para el cambio que suponen en conjunto un marco para una nueva política agraria. El nivel de cumplimiento está siendo muy dispar, aunque Agricultura estima que el 75% de la mismas se hallan ejecutadas o en proceso avanzado, muy especialmente las referidas a la flexibilización de las prácticas medioambientales.
Sobre la mesa de Atocha se amontonan y superponen fundamentalmente viejas demandas del sector entre las que, en un primer lugar destacado, se halla la estrategia comunitaria para la firma de acuerdos comerciales con terceros países. Para apoyar la venta de productos industriales como aviones, coches o productos de farmacia, Bruselas ha abierto más sus fronteras a la entrada de productos agroalimentarios, desde los cereales a la soja, pasando por la carne de pollo y vacuno, la miel, el azúcar o el arroz, aunque con el establecimiento de la denominada cláusula espejo para limitar las importaciones en materia de calidad. La cláusula espejo supone, en resumen, que los productos importados deben haber sido producidos con las mismas exigencias en el uso de productos zoo y fitosanitarios que las que han de cumplir los agricultores comunitarios, además de otros requisitos sobre bienestar animal o derechos de los trabajadores. El acuerdo UE-Mercosur para crear ese gran espacio de libre comercio, más que aportar soluciones, se ha convertido en otra amenaza para el sector agrario, que demanda medias para frenar su impacto. Lo mismo ocurre con los pactos suscritos con otros países, como es el caso de Marruecos, donde las frutas y hortalizas son los ejes de las preocupaciones de la agricultura más mediterránea. El sector reclama más acuerdos para exportar.
Costes de producción.
En el campo preocupan los incrementos de los costes. Las OPA planteaban un plan de choque el pasado mes de marzo en defensa de la rentabilidad de la actividad y lo han vuelto a plantear en la tabla reivindicativa de las últimas fechas ante los fuertes incrementos de precio de los medios de producción, especialmente abonos, semillas, maquinaria, zoosanitarios o energía. Para la elaboración de ese Plan, el sector estima indispensable que en el mismo se impliquen, además de Agricultura -que sigue como un ministerio de segunda-, otros departamentos como Economía y Hacienda y Trabajo. De esa manera se podría hacer un seguimiento sobre la formación y evolución de esos precios en una cadena en la que tienen mucho peso unos pocos grandes grupos, ante la indefensión de los agricultores. El denominado Observatorio de Precios creado en el seno de Agricultura, pero donde se cuenta también con la presencia de otros departamentos, se ha convertido solamente en eso, un observatorio, sin efectos prácticos a la hora de actuar sobre los mercados.
En este escenario de dificultades para producir a precios rentables para el mantenimiento de la actividad, desde las organizaciones agrarias se destaca en este momento la situación de los cerealistas en la agricultura continental. A pesar de que la campaña se haya calificado globalmente como positiva, los rendimientos económicos han sido bajos si se tienen en cuenta los altos costes de producción y los reducidos precios del grano en los mercados. Desde el sector se reclama un Plan de Rescate Excepcional que amortigüe esos malos resultados con medidas como financiación a coste cero, aplazamientos de pagos en los préstamos o exenciones fiscales como reducción de módulos del IRPF, Impuesto de Bienes e Inmuebles o de las cuotas a la Seguridad Social.
Como hace unos meses, el sector mantiene sus demandas en todo lo referido al agua, desde las exigencias para el desarrollo de nuevas infraestructuras en territorios de regadíos o en relación con los apoyos para zonas tradicionalmente afectadas por la sequía. El sector denuncia que, en el caso del agua, sigan sin resolverse las divisiones entre las diferentes Administraciones para lo que se reclaman acuerdos a nivel político, partiendo de que el agua no es propiedad de nadie y que el fin es la utilización correcta de la misma.
Sobre la mesa, también los viejos debates sobre la simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común en el ámbito comunitario con un presupuesto suficiente y capacidad para actuar sobre los mercados. A esto se suman, en política nacional, las viejas demandas para una Ley de la Cadena Alimentaria eficiente para el cumplimiento de objetivos como la transparencia en todo el proceso de aplicación, de modo que no haya unos actores que se beneficien siempre y otros perpetuamente perjudicados.
Preocupa el escaso apoyo de la política para la incorporación de los jóvenes, las medidas insuficientes de financiación, la ausencia de respuesta a las demandas para el acceso a la tierra y, en el fondo, el abandono del territorio rural por su escaso atractivo, derivado también de la falta de servicios.
Y, como en el pasado, el sector agrario sigue demandando una respuesta equilibrada para convivir con el lobo, donde también se tengan en cuenta los intereses de los ganaderos.