La resolución del Protectorado de Fundaciones, firmada por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, sobre el Serla, no afecta a las decisiones que se han tomado en la actual legislatura con respecto a la financiación del servicio, y que han sido aprobadas siempre por el Consejo de Gobierno, destacan desde la Vicepresidencia.

La vicepresidencia de la Junta responde así a CCOO que este lunes pidió al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que haga caso a su "jefe", Juan García-Gallardo, al avalar con su firma el rechazo a una propuesta del anterior equipo, dirigido por Ciudadanos, para modificar la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) y la composición de su Patronato para que dejara de ser una entidad pública.

En este sentido, los estatutos de la Fundación Serla garantizan que entidades ajenas a la Administración pueden aportar fondos al Serla si así lo consideran, aunque no se establezca en qué porcentaje. 

Este hecho, según Vicepresidencia, se muestra contrario a lo indicado en rueda de prensa por los responsables de CCOO, sindicato que forma parte del Patronato de la Fundación Serla. "La Junta de Castilla y León no está obligada a financiar al Serla y no existe ningún acuerdo firmado para ello", afirman.

La Justicia ya avaló la postura de la Junta de Castilla y León, con el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de 2023. El tribunal determinó su falta de jurisdicción sobre la autonomía financiera del Gobierno de Castilla y León, recuerdan.

Por último, explican que la financiación o no de fundaciones como el Serla se considera que se trata de una cuestión del ámbito de la potestad de autoorganización de la administración, que debe supervisar el uso razonable de los recursos públicos.

La resolución del Protectorado de Fundaciones declara que es contrario al ordenamiento jurídico el acuerdo del patronato de la Fundación Serla, que repartía la financiación entre todos los patronos. Según precisan desde el departamento de García-Gallardo, ese acuerdo establecía una fórmula de financiación mixta, con un 49 por ciento de los fondos procedentes de la Administración y el 51 restante de sindicatos y patronal. 

Precisamente, ese acuerdo se adoptó en la legislatura anterior, cuando presidía la Fundación Serla Ana Carlota Amigo, consejera de Ciudadanos. Se trataba de terminar con la aportación exclusiva de la Comunidad, "que soportaba (y soporta) el 100 por cien de los costes, pero nunca se llevó a efecto", subrayan en un comunicado.

El Protectorado de Fundaciones entiende que el Patronato del Serla no puede tomar decisiones relativas a cómo se financia la propia Fundación. Las funciones de los patronos quedan circunscritas a gestionar los recursos que le vienen asignados, tal y como recogen los tribunales. Por ello advierte de la nulidad de la medida impulsada por los responsables del partido Ciudadanos miembros del anterior equipo de Gobierno.