El Gobierno y sus socios aprobarán con toda probabilidad este jueves en el Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda. Ya comentamos hace unos días el desastre al que nos llevará. Habrá menos viviendas en alquiler y más caras. Limitar el precio de los alquileres, como se ha visto ya en otros países de Europa y de Estados Unidos, significa que el fracaso está asegurado para los que quieren encontrar una casa para alquilar. Tampoco se pondrá fácil comprar, ya que muchos propietarios que ahora alquilan pondrán a la venta sus casas y no es fácil sobre todo para los jóvenes lograr el dinero suficiente para acceder a ella bien en efectivo o con hipoteca.
A pesar de ello, el Gobierno ha preferido pasar olímpicamente de la experiencia vivida en otros lugares, hablar con los expertos del sector o con las asociaciones de propietarios. Tampoco parece que les haya parecido suficiente el daño que van a causar con el texto que ya conocíamos y ha pactado nuevas enmiendas que complicarán aún más las cosas. Se trata simple y llanamente de facilitar la vida no al propietario dándole seguridad, sino convertir la okupación, la usurpación de un bien, en una forma de vida. El plan consiste en que sean los propietarios los que tengan que demostrar para poner la denuncia, si tienen una o más casas, si es la vivienda habitual de los okupas o si son personas vulnerables por lo que no ha lugar a echarlos de las viviendas. ¿Cómo se las arreglan los propietarios para demostrar esas circunstancias? Difícil por no decir imposible, ya que antes de que intervenga un juez ningún ciudadano por su cuenta tiene acceso a la renta de los okupantes ni a su patrimonio.
Además, los inquilinos que dejen de pagar el alquiler serán considerados otro tipo de okupas, distintos, casi buenos, y habrá que tener con ellos cierta consideración. Es tan aberrante el planteamiento que da miedo tener un gobierno que patea los derechos de los propietarios para premiar a delincuentes y mafias, quienes a partir de ahora serán los reyes del mambo campando a sus anchas. La propiedad privada en España ha muerto gracias a Sánchez que, por cierto, no ha levantado ni una sola vivienda pública desde que es presidente y que pretende que sean los ciudadanos los que hagan la labor social que ha sido incapaz de hacer el gobierno más progresista de la historia.